La ocupación de la casa de Acefep, “un duro golpe” para la asociación

A punto de cumplirse un año del sorteo para adjudicar las 317 Viviendas de Protección Oficial de Loma Colmenar, la promoción continúa marcada por la polémica. En este caso ha sido la Asociación de Salud Mental la que ha denunciado la ocupación de la casa que la entidad estaba preparando para convertirse en un piso supervisado y ser utilizado por los usuarios de la asociación.

Así lo daban a conocer los propios responsables de Acefep quienes se mostraban muy costernados por lo sucedido. Así, la gerente de la Asociación de Salud Mental, Ana Belén Núñez, afirmaba que la ocupación de la vivienda había supuesto un “duro golpe” tanto para los trabajadores de Acefep como, y en especial, para las personas que sufren algún tipo de enfermedad mental. Y es que la vivienda estaba destinada a convertirse en el único recurso psicoasistencial para los usuarios de la asociación. “Salvo el recurso social que supone Acefep, los enfermos mentales no disponen de más apoyos”, lamentaba.

La Asociación de Salud Mental Ceuta tuvo conocimiento de lo sucedido el pasado 9 de diciembre cuando agentes de la Policía Nacional contactaron con los responsables de la entidad. “Nos pidieron la llave para poder entrar pero ya la cerradura estaba cambiada”, relataba Núñez quien confirmó que tanto el CNP como la propia entidad efectuaron la pertinente denuncia.

Apenas unas horas después, una vecina de la promoción contactó con los miembros de Acefep para advertir de que algunas personas estaban sacando artículos de la vivienda ocupada. “Pensamos que nos estaban robando y por eso nos personamos en la casa, acompañados de agentes de la Policía, y allí nos notificaron que no se estaba produciendo un robo sino que la casa había sido ocupada por una segunda familia por lo que los primeros ‘okupas’ se han marchado”,precisa.

Una situación rocambolesca que ha provocado una segunda denuncia de la Asociación de Salud Mental. “No sabemos qué ha podido pasar”, reconoce Núñez quien insiste en que el piso no es habitable en estos momentos ya que, justo antes de la ocupación, se estaban llevando obras para acondicionar el inmueble. Y, al tratarse de un proceso de reforma integral, la vivienda no reunía las condiciones para su habitabilidad, ya que hubiera puesto en riesgo la salubridad de los usuarios del recurso, según se especifica en el comunicado hecho público por Acefep.

“La casa estaba llena de escombros, no hay techos, no hay bañeras, todo está levantado porque estábamos haciendo reformas para, por ejemplo, sacar un baño de uno de los dormitorios y conseguir habilitar otro cuarto más”, detalla Núñez.

Tras contactar con un abogado, la Asociación de Salud Mental se mantiene ahora a la espera de que se ponga en marcha el procedimiento judicial. “No sé si habrá juicio pero esperamos que el trámite no sea muy largo”, reclama Núñez. Emvicesa ya ha solicitado documentación a Acefep por lo que ahora “toca esperar”.

La vivienda, cedida por la Ciudad Autónoma, se contemplaba como una fórmula para asegurar la cobertura de las necesidades básicas de usuarios de Acefep. El objetivo era potenciar la autonomía de las personas con enfermedad, mejorar su calidad de vida y posibilitar su integración social.

“La parte emocional de esto es tremenda, no sólo porque se pare el proyecto sino porque esto genera sufrimiento en el colectivo. Muchos personas con enfermedad mental van a estar a la espera de lo que ocurra pero esta casa no estaba abandonada. No se vigilaba porque, simplemente, no era habitable”, incide Núñez.

La Asociación de Salud Mental ha recordado su lucha de hace varios años para poner en marcha este recurso enfocado a lograr la inclusión social de este colectivo.

HECHOS

9 de diciembre. La primera ocupación se registró el pasado viernes. Horas después se efectuaron las correspondientes diligencias tanto desde el CNP como de Acefep.

11 de diciembre. El domingo por la tarde la Asociación de Salud Mental tuvo conocimiento de que en la vivienda se había producido una segunda ocupación.

Continúa ocupado el piso tutelado de Plena Inclusión

Otra de las viviendas concedidas al Cermi, pero destinada a Plena Inclusión, sufrió una ocupación denunciada el pasado 31 de octubre por los responsables de la asociación. En aquel momento se constató que los ‘okupas’ eran miembros de una familia que anteriormente había residido en Marruecos. La ocupación está pendiente de resolución judicial para que la asociación pueda seguir con sus planes de adaptar el piso para convertirlo en una casa adaptada por los usuarios de la entidad. El pasado 9 de noviembre, además, EL PUEBLO contó la historia de un hombre con un grado de dispacidad superior al 90% cuya vivienda de Loma Colmenar también había sido ocupada de manera ilegal.

Una orden de desahucio, única solución para recuperar las casas

Aunque no suele ser el procedimiento más común, un juicio rápido por ocupación de inmueble suele ser la vía más favorable para los afectados por este tipo de situaciones que, en cualquier caso, deben presentar la documentación que los acredita para reclamar legalmente el derecho sobre ese inmueble. Si el juicio se resuelve favorablemente, con la conformidad del ‘okupa’, este tendría que desalojar de forma inmediata la casa.

De no ser posible llevar a cabo esta alternativa, la resolución puede demorarse varios meses aunque lo más común es que las denuncias pueden resolverse en un par de meses. Mientras, en algunos casos, es posible solicitar la orden de desahucio como medida cautelar. Una medida que supone la única solución posible para recuperar las casas ocupadas de forma ilegal. Las penas por ocupación no suponen cárcel y las multas suelen variar entre los tres y los seis meses aunque muchos ‘okupas’ se declaran insolventes.

Emvicesa respalda a los afectados aunque deja en manos de la justicia la resolución de los tres casos

Una vez conocido lo sucedido el pasado fin de semana, la empresa municipal de Emvicesa ha mostrado su disposición a colaborar, en la medida de lo posible, con los afectados por las tres viviendas ocupadas en la promoción de Loma Colmenar.

Así lo ha asegurado la gerente de Emvicesa, Kissy Chandiramani quien considera que la única solución posible es lograr la orden de desahucio por parte de la justicia. Chandiramani ha vuelto a insistir, además, en la conveniencia de que todas las casas queden ocupadas por parte de sus legítimos adjudicatarios para evitar que lo sucedido en estas últimas semanas pueda volver a repetirse.

De hecho, la propia gerente de la empresa municipal recomendaba, a principios de noviembre, a los responsables de la Asociación de Salud Mental Ceuta que ocuparan cuanto antes el piso, incluido en el cupo de actuaciones singulares, y que no esperaran a la finalización de las obras menores que debían acometerse en la casa.

Sin embargo, en todos los casos de ocupación denunciados, era necesario realizar una serie de mejoras en las casas. Así, Plena Inclusión estaba adaptando el espacio para que este pudiera utilizarse como piso tutelado.

También la otra familia afectada precisaba, antes de instalarse, amueblar el piso y adaptarla a sus necesidades.

Chandiramani ha recalcado que no es posible contratar vigilancia privada para la promoción y que, una vez entregadas las llaves de las viviendas, son sus arrendatarios los responsables de lo que allí suceda.

Con el de Acefep, Emvicesa tiene ya contabilizados tres casos de ocupaciones en estas Viviendas de Protección Oficial. En los últimos días se había registrado un cuarto pero, según explicó a EL PUEBLO la gerente de la empresa municipal, en este ha sido posible una solución favorable para el adjudicatario quien ha logrado que las personas que habían ocupado su piso, uno de los bajos de la promoción, lo desalojen.