El Defensor del Pueblo reitera su oposición a las devoluciones en caliente en la frontera de Ceuta

El Defensor del Pueblo, en su informe anual 2016, ha reiterado su posición contraria a las denominadas devoluciones en caliente que se llevan a cabo en la frontera ceutí cuando los inmigrantes son interceptados intentando cruzar el vallado y, antes de que lo logren, son puestos a disposición de las fuerzas de seguridad marroquíes. En el informe, publicado ayer, se hace un recorrido sobre la situación de la inmigración a raíz de las quejas que ha recibido esta institución, encabezada por Soledad Becerril, y se señala cómo la mayoría de las quejas recibidas en torno al intento de entrada de inmigrantes por el vallado fronterizo hacen referencia a que las denominadas ‘devoluciones en caliente’ “no permiten conocer si las personas afectadas son menores de edad o se encuentran en necesidad de protección internacional”.

“También se han repetido las quejas relacionadas con la demora en la llegada de los servicios de emergencia, lo que supone un riesgo para las personas que se encuentran encaramadas en la valla”, alerta este informe en el que se especifica cómo el Defensor del Pueblo comparte la preocupación de las personas que se han dirigido a esta institución, que ha reiterado en sus escritos su posición contraria a las devoluciones automáticas de extranjeros. Además, recuerdan, las recomendaciones formuladas a estos efectos, que se han trasladado al Gobierno y que ya se expusieron en el informe del pasado año.

Avisos tardíos

En cuanto a la activación de los servicios de emergencia, el Defensor del Pueblo explica que continúan abiertas las actuaciones iniciadas ante la Delegación del Gobierno en Ceuta, tras la recepción de una queja en la que se comunicaba que durante un intento de entrada que se había producido a las siete de la mañana y en el que algunas personas resultaron heridas con cortes profundos y contusiones, el aviso al 112 se produjo una hora y cuarenta y cinco minutos después.

El Defensor del Pueblo considera que la Administración española tiene la obligación de detectar cuáles son los obstáculos que existen para que personas en necesidad de protección no puedan acceder a los puestos fronterizos sin poner en riesgo sus vidas. Sin embargo, el informe recoge cómo la Dirección General de la Guardia Civil considera que los agentes en la valla de Ceuta actúan en cumplimiento de la normativa al realizar devoluciones en caliente tanto por tierra como por mar.

Se recoge en el informe anual cómo en uno de los informes remitidos a esta institución con motivo de una de las intervenciones efectuadas, se ponía de manifiesto que se actuaba en cumplimiento de una Orden de Servicio sobre Vigilancia e Impermeabilización de Fronteras en la Ciudad de Ceuta. Según dicha orden, los funcionarios de la Guardia Civil tendrían la misión de “materializar las tareas de impermeabilización fronteriza en el mar, que fundamentalmente consistirán en la detección temprana de las embarcaciones que con inmigrantes traten de acceder a territorio nacional. Esta detección debería, en caso de ser posible, permitir alertar de forma oportuna a las autoridades marroquíes para que se hagan cargo de la incidencia antes de que los inmigrantes se acerquen a las aguas españolas.

La Dirección General de la Marina Mercante, por su parte, que también ha sido consultada, ha remitido información a esta institución sobre las dificultades existentes para determinar la jurisdicción sobre las aguas del Estrecho y ha dado traslado de los convenios internacionales aplicables.

Muertes del Tarajal

Por otro lado, el informe del Defensor del Pueblo refleja cómo continúan las actuaciones en el procedimiento judicial abierto tras las muertes acaecidas en la frontera de El Tarajal (Ceuta). La última información, recuerda la institución, es que la Audiencia Provincial de Cádiz ha estimado parcialmente uno de los recursos y ha ordenado continuar con la instrucción del procedimiento.

En cuanto a inmigración, en este informe también se hace referencia al estudio de ‘El asilo en España’ elaborado también por el Defensor del Pueblo, que se presentó en junio de 2016, y que recoge los datos sobre las solicitudes formuladas en los puestos fronterizos de El Tarajal (Ceuta) y Beni Enzar (Melilla).

En el primero no se ha presentado ninguna solicitud desde su inauguración (en 2016, 224 personas solicitaron asilo en Ceuta, pero no en el puesto fronterizo), mientras que en el segundo se presentaron 6.047 solicitudes en 2015 y 2.563 en 2016. Una situación, la de Ceuta, que ya ha sido denunciada por asociaciones no gubernamentales.