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El lider de Caballas, Mohamed Alí, catalogó ayer de “desastre presupuestario” el elaborado por el Gobierno que encabeza el presidente Vivas. En este sentido, Alí se ha hecho eco de la información ofrecida por EL PUEBLO el pasado domingo en la que se daba a conocer que el Ministerio de Fomento ha requerido a la Ciudad la devolución de las cantidades transferidas, y no justificadas por el Gobierno de Vivas, en el marco de los Planes Estatales de Vivienda del periodo 2009-2012, reclamando concretamente un importe de 3.649.052,36 euros.
Para el líder de la coalición localista la reclamación por parte del Ministerio de Fomento de más de 3,6 millones de euros se debe a la “inacción y mala gestión” del Gobierno de Vivas.
Del mismo modo, Alí resalta que el Ministerio de Fomento ya ha reclamado dicho importe y ha realizado la liquidación de la deuda, la cual se produjo después de que la Ciudad solo haya sido capaz de justificar al Ministerio de Fomento, de los 20 millones que se le entregó en concepto de Planes de Vivienda 2009/2012, un total de 12.296.926,34 euros, más otros 4.277.790,88 euros en concepto de compromisos financieros adquiridos, lo que deja sin justificar la cantidad de reclamada.
Pero el líder de Caballas va más allá y saca los colores al Gobierno de la Ciudad al indicar que “pese a reconocer formalmente y por escrito esta deuda, recurre judicialmente de forma temeraria, para que además tengamos que pagar con dinero público las costas e intereses de esta deuda”. Tal y como publicó EL PUEBLO en su edición del pasado domingo, el Gobierno de la Ciudad ha procedido a interponer un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, al estar disconforme con la resolución del Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
Sobre toda esta cuestión, Alí pone de manifiesto que mientras exista esta deuda “no se podrá aprobar ningún expediente de modificación de crédito que no la recoja”, poniendo de relieve que “todo este desastre se agrava con dos recientes sentencias que condenan a la Ciudad a pagar más de un millón de euros”.
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