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El servicio de notificadores de la Ciudad podría verse obligado a cerrar
Desde la sección local del CSIF se ha denunciado la falta de apoyo absoluto que la administración presta al servicio de Notificadores de la Ciudad Autónoma.
La central sindical ha indicado que dicho servicio cuenta actualmente con 5 notificadores de los 8 de los que dispone habitualmente debido a bajas de larga duración de personal de dicho servicio.
Si ya de por si, con 8 notificadores es muy dificultoso que se realice todas las notificaciones en tiempo y forma, tal y como se indica desde CSIF, con 5 en la actualidad, se torna imposible que tal y como marca la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común lo que estaría implicando sin duda actualmente, el incumplimiento y por tanto, la posible anulidad de los procedimientos y expedientes que no se notificaran dentro del plazo de tres días entre primer y segundo intento de notificación.
Una lista interminable de procedimientos administrativos como multas, sanciones, derribos, licencias de obras, aperturas de locales, etc., podrían estar obteniendo un vicio de anulabilidad que terminarían con el archivo de dichos procedimientos, eso sin tener en cuenta el atraso que se producen en las ayudas sociales de ciudadanos que solicitan prestaciones de extrema necesidad.
Por todo ello, todos los expedientes que no cumplan con los comentados plazos y necesiten la obligatoria notificación podrían ser anulables y hacer que el trabajo que se ha dedicado a cualquier expediente sea un tiempo tirado a la basura.
Desde el CSIF se ha asegurado que llevan denunciando la falta de personal tanto en el servicio de notificadores como en el Registro desde hace meses y en ningún momento han obtenido solución alguna.
Gracias a las continuas reivindicaciones de CSIF se consiguió que la partida de "sustituciones de personal" pasara de 27.250 € en 2016 a 250.000 € en 2017 pero aún así, a día de hoy no ha valido para nada, indica el sindicato, "ya que los responsables de personal no dan otra posible solución al problema que crear una bolsa de trabajo de notificadores, algo que imposibilita la Ley 39/2015 ya que dichas notificaciones deben practicarlas empleados públicos", se asegura.
