CEAR alerta de las restricciones en el trámite de solicitud de asilo

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha alertado en su último informe anual de la compleja situación de las personas refugiadas en España y en Europa. Así, en el caso de España, la entidad llama la atención sobre la “sensible” disminución de solicitantes que se produjo en Ceuta y Melilla, así como sobre los problemas de acceso a las dos oficinas de asilo en sus perímetros fronterizos.

En el caso concreto de Ceuta, en 2016 se registraron sólo 220 solicitudes de protección internacional, una cifra “exigua” motivada por las “restricciones” para un posterior traslado a la Península de las personas que han pedido asilo. Una práctica que, según CEAR, se lleva a cabo desde hace años y que “logra disuadir a numerosas personas de solicitar protección internacional o, incluso, después de haber formalizado la solicitud, las motiva a renunciar a continuar el procedimiento”.

Asimismo, la comparación de Ceuta con la realidad de Melilla, refleja el informe de CEAR, hace que esta actuación sea no sólo “discriminatoria, sino también jurídicamente insostenible”. Además, la comisión ve “preocupante” que el pasado año no se llegara a formalizar ni una sola solicitud de asilo en el puesto fronterizo de El Tarajal desde que quedara inaugurado.

En el detallado documento, CEAR recuerda que el Defensor del Pueblo subrayó en su informe anual de 2016 que “no permite que puedan ser considerados como recurso adecuado para alojar y atender a los soliciantes de asilo. Se ha llamado la atención sobre la falta de asistencia especializada al colectivo de solicitantes de asilo y, particularmente, a personas que presentan una especial vulnerabilidad”. El texto también mencionaba que “las autoridades policiales mantienen la restricción en la libertad de circulación de los solicitantes cuya petición ha sido admitida a trámite, por lo que no pueden salir de las ciudades autónomas, salvo que se autorice su traslado por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras”.

Al hilo de ello, a principios de este año, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Ceuta se pronunció sobre la prohibición de solicitar el derecho a la libre residencia y circulación en el territorio nacional de un solicitante de asilo mientras su expediente estaba siendo tramitado.

De hecho CEAR, que actuó en representación de un solicitante cuya solicitud había sido sido presentada en Ceuta y admitida a trámite, interpuso un recurso por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona contra la vía de hecho de la Administración que le impedía trasladarse a la Península.

Sin embargo, el Juzgado declaró que, desde el momento en que la solicitud de protección internacional es admitida a trámite, el solicitante se encuentra en una situación administrativa de regularidad bajo el amparo del artículo 5 de la Ley de Extranjería. Las limitaciones a ese derecho únicamente se restringen a supuestos muy especiales.

Según los datos recabados por CEAR, España recibió 15.755 solicitudes de asilo en 2016. Esto supone 1 por cada 3.000 habitantes, y poco más del 1% de las peticiones de asilo en la Unión Europea. El pasado año, las solicitudes en toda la UE se mantuvieron en más de 1,2 millones.

Además, de los compromisos de reubicación y reasentamiento España ha cumplido menos del 8%, acogiendo a través de estas vías a algo más de 1.300 personas.

Las tres nacionalidades con más peticiones fueron Venezuela (3.960), Siria (2.975) y Ucranía (2.570). El informe de CEAR señala también que las dificultades en el acceso a solicitar asilo en la frontera sur, junto a la falta de vías legales y seguras, son las razones que explican el descenso de solicitudes de personas de Siria y otros países de Oriente Medio y África.

Esa falta de vías legales, resalta el informe elaborado por la comisión, permitió que el año pasado más de 5.000 personas murieran en el Mediterráneo en busca de refugio, una cifra que asciende a cerca de 40.000 en lo que va de siglo. CEAR considera que estos datos consolidan al Mediterráneo como la ruta migratoria más mortal del mundo.

El informe de la comisión subraya que ya este año cerca de 1.700 personas han perdido la vida tratando de llegar a Europa, más de 50 en las costas españolas.

Para CEAR, la Unión Europea continúa incumpliendo sus compromisos de reubicación y reasentamiento puesto que de las 182.000 personas que debía trasladar desde Grecia, Italia y terceros países, sólo ha acogido a algo más del 20%. Un plazo que expirará a finales de septiembre.

La entidad aboga por un Pacto de Estado por el derecho de asilo

En el documento, la entidad recuerda también que en el contexto actual de crisis del derecho de asilo y de los derechos humanos en Europa, España debe ser un “ejemplo de respeto y garantía” de estos.

Por todo ello, CEAR reclama la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado que “asegure que se mantengan los acuerdos que se adopten para garantizar el respeto de este derecho con independencia de los cambios políticos”. Un acuerdo que, para CEAR, debe basarse en una serie de elementos esenciales.

El primero de ellos es que el pacto desarrolle “de forma garantista el Reglamento de la Ley de Asilo 12/2009” y contribuya a la construcción de un Sistema Europeo Común de Asilo “que garantice de forma real y efectiva los derechos de las personas refugiadas”.

También que dé acceso a la protección internacional de los refugiados, es decir, que garantice vías “legales” y “seguras” para obtener protección internacional. Que resuelva, en el plazo estipulado en la Ley, todas las solicitudes de asilo con el fin de evitar demoras “injustificadas” y una “discriminación” en el trato de los expedientes en función de la nacionalidad.

Para CEAR, este Pacto de Estado tendría que poner fin a las devoluciones “ilegales” en Ceuta y Melilla que impiden el acceso al procedimiento de protección internacional y “vulneran el principio de no devolución”.

El pacto debe, además, rechazar la firma de acuerdos por parte de la UE y de sus Estados miembros con terceros países que no respeten los derechos humanos y el derecho internacional, y deje sin efecto aquellos que están en vigor e incumplan este requisito.

La propuesta que incluye CEAR en su informe anual habla de otros puntos clave como el cumplimiento de los compromisos en materia de reubicación y reasentamiento; el desarrollo de un sistema de acogida flexible y sostenible que garantice una acogida digna a las personas solicitantes; la puesta en marcha de una herramienta de financiación sostenible; el desarrollo de un Plan Estratégico Integral de Acogida e Inclusión o el impulso de políticas públicas que favorezcan la convivencia.