“Las porteadoras no son trabajadoras transfronterizas”

El Gobierno considera oficialmente que no puede hacer nada por las porteadoras que cruzan cargadas de bultos con mercancía la frontera de Ceuta con Marruecos.

En este sentido se pronunciaba el Ejecutivo ante una pregunta formulada por Unidos Podemos sobre las medidas para mejorar las condiciones de las porteadoras. En este sentido, “no se consideran trabajadoras transfronterizas”.

La consideración que realiza el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy es que estas personas son extranjeros”, que residen en Marruecos, y que cruzan la frontera para cargar mercancía que transportan hacia el vecino país, de forma que en realidad no realizan una actividad laboral en España.

El Gobierno invoca el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 4/2000, que se centra en los derechos y libertades de los extranjeros en España.

En este sentido, un trabajador transfronterizo es “aquel que ha sido autorizado para desarrollar actividades lucrativas, laborales o profesionales por cuenta propia o ajena en las zonas fronterizas del territorio español, residiendo en la zona fronteriza de un estado limítrofe al que regrese diariamente”.

Así las cosas, el Gobierno señala que el artículo 43 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros es el que contempla el régimen de trabajadores transfronterizos, lo que no sería el caso por el que había recuqerido una respuesta Unidos Podemos.

Todo está regulado en este aspecto, puesto que un trabajador extranjero que opere en España, bien por cuenta propia o ajena, debe solicitar y, por supuesto, obtener la Tarjeta de Identidad de Extranjero, que es la que acredita la condición de trabajador transfronterizo. Esta además es la que permite la entrada y salida en territorio nacional con el objeto de realizar alguna actividad laboral en territorio español.

Por lo tanto, no puede actuar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, entendiéndose, bajo amparo legal, que las porteadoras no son consideradas trabajadoras por cuenta ajena.

“Se trata de un problema que queda fuera del ámbito del Derecho Laboral y que implicaría una actuación global y coordinada de diferentes administraciones públicas a nivel policial, fiscal y aduanero, a efectos de su control”, señal el Ejecutivo.

Todo ello apunta, según el Gobierno, a que las situaciones que se producen en cuanto al porteo realizado por mujeres en la frontera de Ceuta, y también de Melilla, con Marruecos, debe abordarse desde otra óptica, como es “la mejora de los mecanismos de coordinación con las autoridades del país vecino en el marco del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Marruecos”.

Por otra parte, en mayo pasado, concretamente el día 10, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía exigía en el Congreso “medidas para poner fin a la vulneración de los derechos humanos de las porteadoras en Ceuta”.

La organización presentó su informe a Unidos Podemos y al Partido Socialista.

‘Respeto y dignidad para las mujeres marroquíes’. Ese es el título del informe que elaboró la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y que ha sido financiado gracias a un convenio de colaboración firmado con la Diputación Provincial de Cádiz. Ambas entidades mantienen una estrecha relación desde hace más de una década.

El trabajo realizado por la APDHA pretende visibilizar la situación que viven en la actualidad las mujeres porteadoras en la frontera de Marruecos con Ceuta.

Con el mismo se trata, según explicó la diputada provincial Elena Amaya, de conseguir una serie de objetivos, como son ampliar el conocimiento de esta situación, a través de la investigación en la que han participado organizaciones españolas y marroquíes y en la que se han implicado las propias porteadoras; desarrollar una campaña de concienciación con la situación; elaborar materiales audiovisuales y su difusión; y, especialmente, desplegar un trabajo de incidencia política dirigido tanto a las instancias europeas como al gobierno español y las autoridades marroquíes y ceutíes.

Con esto, se persigue “conseguir modificaciones legales y materiales en las condiciones de trabajo y en el respeto a la dignidad de las mujeres porteadoras”, explicó en su momento Amaya. La APDHA subrayó la importancia de la implicación de la Diputación Provincial de Cádiz con el asunto.