Una ausencia de digitalización provoca suspensión de un juicio
Una supuesta organización criminal fue desarticulada cuando realizaba un traslado de un alijo de casi 84 kilos de hachís organizado desde Ceuta
El juicio que se iba a celebrar ayer por un delito de tráfico de drogas en el Juzgado de lo Penal número 1 fue suspendido, atendiendo la magistrada a la petición de la Fiscalía, en orden a incorporar al expediente informatizado de la causa, que llegó incluso a estar bajo secreto de sumario. Según se puso de manifiesto por parte de uno de los abogados defensores, no había podido tener acceso a la totalidad del expediente. Él tenía la parte en soporte material, tres tomos por escrito, pero faltaban datos.
Todo ello está en base a una operación policial que se desarrolló, en su culminación, el día 16 de agosto de 2016. El inicio del operativo se realizaba desde Ceuta, ya que era donde agentes de la Policía Nacional habían detectado que se iba a proceder a la entrega de un alijo de droga procedente de Marruecos y que tenía como destino la península, zonas de la Costa del Sol y también del Campo de Gibraltar. Así las cosas, se procedió a la interceptación de un vehículo en la carretera entre Chiclana y Estepona, cerca del bar La Peña. Allí se encontraron 83.700 gramos de hachís. Fue detenido un hombre y también otros tres sospechosos.
El alijo se había introducido en la península mediante un enlace en Ceuta, y al parecer la Policía les dio “cuerda” con el objeto de poder detener a todos los componentes de la organización criminal.
Las peticiones de pena por parte del Ministerio Fiscal son altas. Tres de los detenidos comparecieron engrilletados entre sí y escoltados por agentes de la Policía Nacional en la sala de vistas, mientras que otro hizo acto de presencia en el juicio en calidad de acusado, pero en libertad provisional.
Para dos de los acusados, la Fiscalía pide cuatro años y un mes de cárcel así como 401.760 euros de multa para cada uno, como responsabilidad subsidiaria. En caso de que no satisfagan esta cantidad, por no tener medios económicos o susceptibles de embargo, tendrían que cumplir 120 días más de cárcel. Carecen de antecedentes penales. En el caso de los otros dos acusados, teniendo en cuenta que son reincidentes, las penas son mayores: cuatro años y seis meses de prisión, más multas de 602.640 euros, que supondrían, en caso de impago, 150 más de prisión.
Lo cierto es que desde enero de 2016 está en vigor en Ceuta el denominado expediente digital, de forma que todos los procedimientos deben contar con una base informática que los profesionales consultan a través de una aplicación denominada VISOR.
Ahora bien, en este caso concreto, no todas las partes habían tenido acceso a la totalidad de los informes del procedimiento, de manera que las actuaciones se retraen al juzgado de instrucción que entendió del asunto en primera instancia. En un par de días se podrían ya contar con todos los datos informatizados y proceder a señalar una nueva vista, que debería ser en breve.
Por otra parte, uno de los abogados propuso una prueba contrapericial de la droga intervenida. Fue denegada ya que, entre otras circunstancias, la droga ya fue destruida. En todo caso, no consta que se realizara en tiempo y forma una petición de contraanálisis y ni siquiera una advertencia por parte de las defensas de que no se destruyera la droga hasta tanto en cuanto no se realizara otra prueba pericial alternativa en cuanto a la cantidad y la “calidad” de la droga”.
En todo caso, se trata de que las personas encausadas dentro de la supuesta organización criminal tengan pleno derecho a la defensa. Según una experta en la materia, “todo lo que no está reflejado en el expediente digital no tiene relevancia “a efectos de recursos” posteriores que pudieran interponerse. En este caso, pues, no concuerda lo reflejado en papel con lo que consta en soporte digital. Constan los procedimientos de investigación de la policía, las incoaciones previas, pero no aparecen los atestados, al menos en la documentación en poder de uno de los abogados.
Udyco
La Policía Nacional de Ceuta, conjuntamente con la de Estepona, procedió a desarticular una red de tráfico de drogas y organización criminal que estaba asentada tanto en Ceuta como en Andalucía para la introducción de resina de hachís en España, por lo que se detuvo a sus cuatro integrantes.
Según informó la Jefatura Superior de Policía en un comunicado, la operación fue llevada a cabo por agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Udyco de Ceuta y la Udyco Costa del Sol en Estepona, y el GRECO de Cádiz, que finalizó una operación antidroga en la que se aprehendieron un total de 90 kilogramos de hachís.
La investigación se inició en julio de 2016 cuando se realizó un control sobre las embarcaciones de recreo que, aprovechando la época estival, transitan por el Estrecho de Gibraltar. Las cantidades que transportaban en cada trayecto suelen oscilar entre los 30 y los 100 kilogramos de hachís, si bien la importancia radicaba en el número de pases que podían llegar a realizar, ya que se estima que son casi a diario, por lo que las cantidades que lograban introducir en la península son importantes.
