Los sindicatos se concentrarán frente a la Delegación para exigir un salario mínimo de 1.200 euros

Los sindicatos denuncian que la Administración General del Estado ha sido castigada de manera especial durante los últimos años por el Gobierno para cumplir los parámetros de contención del gasto, tanto en la reposición de efectivos como en las condiciones retributivas del personal y por los recortes efectuados con la excusa de la crisis.

Esto ha provocado un grave deterioro de los servicios públicos, que es necesario atajar porque son imprescindibles para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Las organizaciones coinciden en señalar que el personal público es quién garantiza los derechos, la igualdad y la cohesión social.

Por eso, los sindicatos reclaman un salario mínimo de 1.200 euros y homologar las condiciones retributivas del personal laboral y el personal funcionario. Para paliar la pérdida de poder adquisitivo acumuladas en los últimos diez años, que supera el 14%, proponen un incremento salarial lineal de 200 euros y una dotación presupuestaria de 100 euros más para el establecimiento de la carrera profesional para todas las empleadas públicas y todos los empleados públicos de la Administración del Estado.