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Según afirma CCOO, ahora también la dirección provincial del INSS está actuando de la misma forma. Concretamente, el sindicato ha conocido un caso, aunque sospechan que no es el único, en el que un trabajador solicita su pensión de jubilación, procedente de la situación de desempleo en su modalidad contributiva, con efectos del pasado día 14 de agosto (la prestación puede solicitarse hasta con tres meses de retroactividad).
Para poder presentar su solicitud, el trabajador tuvo que solicitar una cita previa, que no le ha sido concedida hasta 15 días después de su petición. El futuro pensionista, comunica al SEPE que procede a solicitar su jubilación con efectos de 14 de agosto y asume la obligación de reintegrar las prestaciones por desempleo que haya podido cobrar desde el 14 al 31 de agosto de 2018.
Cuando, después de 15 días de larga espera para presentar su solicitud de jubilación, se presenta en las dependencias del INSS, junto con la documentación requerida, para hacer efectivo su derecho, la funcionaria encargada de su recepción le comunica verbalmente que no puede presentarla “hasta tanto no adjunte un certificado del SEPE de que no mantiene ninguna deuda con ellos y, pese a la insistencia del solicitante, le deniega verbalmente su derecho a presentar la documentación”.
El trabajador, afiliado al sindicato CCOO, informa a miembros de la dirección de este que se está produciendo esta negativa injustificada a registrar su solicitud de prestaciones y, acompañado de un representante del sindicato, se dirige nuevamente a las oficinas de esa entidad gestora, donde, finalmente, se le registra su solicitud para ser tramitada reglamentariamente. Sin perjuicio de que, en su momento, cuando sea requerido para ello, el trabajador reintegre las cantidades cobradas indebidamente que resulten procedentes.
CCOO considera un “atropello de los derechos de los ciudadanos” el hecho de que la Administración rechace verbalmente, sin ningún pie de recurso, solicitudes o documentos presentados por los interesados, incumpliendo así, de forma flagrante y reiterada, la legislación vigente en materia de procedimiento administrativo.
Este sindicato ve con creciente preocupación el deterioro galopante de la gestión de los servicios públicos dependientes de la Administración del Estado en Ceuta y urge a los responsables de los nombramientos de las personas que deben dirigir estos servicios para que impriman a la gestión la impronta de un gobierno que predica que la Administración debe estar al servicio de los ciudadanos y funcionar bajo criterios de eficiencia y celeridad.
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