Abandonan en Ceuta a dos hermanos marroquíes enfermos de 14 y 16 años, uno en silla de ruedas

Según el testimonio de los menores, un familiar los introdujo en territorio español a través de la frontera del Tarajal. Ambos vivían en la vecina localidad de M'Diq, que pertenece a la región marroquí de Tánger-Tetuán-Alhucemas.

Fuentes de la Administración autonómica han explicado que los dos niños padecen un tipo de anemia hereditaria de la sangre, según la documentación médica marroquí que llevaban encima.

Acogidos en un centro para menores

Tras pasar por el Hospital Universitario de Ceuta, los responsables de Menores de la Ciudad Autónoma han acogido a los dos chicos en el Centro Mediterráneo, reservado en principio para menores extranjeros no acompañados (MENA) de sexo femenino y niños foráneos de más corta edad.

El Centro La Esperanza, al que teóricamente tendrían que haberse incorporado los menores, registra actualmente una "sobreocupación sin precedentes" con 300 acogidos para una capacidad máxima operativa fijada en 150 plazas, un contexto que se ha considerado "inadecuado" para el perfil de los dos niños abandonados.

El Ejecutivo ceutí, desbordado

El Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas (PP) se confiesa "desbordado" por la presión migratoria de menores, sobre todo marroquíes, que soporta tanto por la "permeabilidad" de la frontera como por la "imposibilidad" de reagrupar a esos niños con sus familias en el país vecino o de enviarlos a otras autonomías.

La Ciudad Autónoma va a recibir 1,1 millones de euros de los 40 que el Gobierno central va a repartir entre las Comunidades y Ciudades Autónomas que soportan con más intensidad el fenómeno de llegada de MENA. Ese dinero va a servir para instalar módulos prefabricados junto al Centro La Esperanza para atender hasta 50 menores y para sacar a concurso un sistema de acogida para medio centenar de jóvenes foráneos de los que se haga cargo una empresa u ONG por unos 70 euros por persona y día.

Además, el Ejecutivo regional ha encargado informes técnicos y jurídicos sobre la posibilidad de "devolver" al Estado las competencias sobre los 'menas', asumidas en 1999, y estudia con Melilla la elaboración de "un plan de contingencia con el que responder a las situaciones en las que la presión soportada implique que la capacidad de acogida sea desbordada, planteamiento que incluye la designación de un responsable estatal que coordine y ejecute la respuesta necesaria".