El Gobierno de Sánchez bloquea 7,2 millones euros de subvenciones para Ceuta

El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, ha comparecido este martes en el Palacio de la Asamblea para anunciar la encrucijada presupuestaria a la que se va a ver abocada la administración local después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya bloqueado 7,2 millones de euros de subvenciones que tenían que aprobarse este año. Según ha explicado el líder del Ejecutivo ceutí, el pasado martes el secretario de Estado de Función Pública les anunció que será "muy difícil" formalizar los convenios para cubrir el gasto de la planta desalinizadora, cuyo importe es de 4 millones de euros, así como el que busca paliar la presión extraordinaria que determinados servicios de la ciudad sufren por el hecho fronterizo, dotado con 3,2 millones.

La razón ofrecida por el Gobierno de Sánchez es que en una situación de presupuestos prorrogados, las subvenciones nominativas como son las dos afectadas no son objeto de prórroga. Pero el problema no es nuevo. Ya en septiembre le habían comunicado al Ejecutivo local que existía una instrucción de la Intervención General del Estado que prohíbia prorrogar las subvenciones nominativas, pero también les habían dicho desde Madrid que se podían aprobar estas subvenciones llevándolas al Consejo de Ministro para aplicar la regla de excepcionalidad y aprobar la transferencia. Un compromiso ratificado en varias ocasiones, incluso por la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al propio Vivas cuando este acudió a Madrid con motivos de los actos del Día de la Hispanidad.

Sin embargo, el 26 de noviembre todo cambió. "Hasta entonces lo que nos transmitía el Gobierno era tranquilidad", aseguraba este martes Vivas para señalar que no había "ningún tipo de duda" de que estas subvenciones iban a ir a Consejo de Ministros. Incluso, señalaba, desde el área de Función Pública habían confirmado al consejero de Hacienda, Alberto Gaitán, que se aprobaría a final de noviembre. De hecho, así ocurrió con la partida para cubrir el gasto extraordinario originado por el incremento de Menores Extranjeros No Acompañados. Un total de 2,3 millones de euros que fueron aprobados en Consejo de Ministros el 31 de octubre.

Para el Gobierno de Vivas está claro que, al igual que ocurrió con la partida para atender los gastos de los MENA, en estos dos casos se puede aplicar la regla de excepcionalidad porque las razones que lo justifican son "idénticas". "Si no se hace es por falta de voluntad política", apostillaba un contundente Vivas, que no escondía su preocupación por la situación. Y es que, subrayaba, desde Madrid no se ha dado una contestación de a qué se debe el cambio de criterio.

La Ciudad dejará de mantener el embolsamiento

Las consecuencias inmediatas son dos: intentar amortiguar esta falta de ingresos con partidas donde haya menor gasto o un ingreso superior al previsto para cerrar el presupuesto con el menor déficit posible, y no contar con 7,2 millones de euros para el Presupuesto de 2020. Un ajuste presupuestarios que el Gobierno de Vivas quiere vertebrar en tres ejes. En primer lugar, el presidente se ha comprometido a reducir un 30% el gasto de directores generales y personal eventual. El segundo recorte pasa por suspender actividades y programas que no sean competencia de la administraicón local o para los que no exista un convenio con la Administración general del Estado, es decir, el mantenimiento de la zona de embolsamiento y el mantenimiento del Tarajal II. Además, habrá que revisar algunas partidas a la baja, aunque no se ha concretado cuáles serán porque Vivas quiere consensuarlo con el resto de grupos de la Asamblea de cara a aprobar los presupuestos con el mayor apoyo posible.

Desde el Gobierno, se ha valorado esta noticia como "un grave daño" para la Ciudad Autónoma. Y es que, entiende Vivas que de no aprobarse estas subvenciones se estaría "vulnerando el principio de solidaridad que contempla la Constitución Española" puesto que una de las subvenciones incluso es de un servicio tan "básico" como el abastecimiento del agua. De ahí que el presidente haya lanzado un mensaje a las partes implicadas para buscar una solución y que, antes de final de año, el Consejo de Ministros dé luz verde a estas subvenciones.