Balance del Consejo de Buen Gobierno: tres años en marcha y 53 reclamaciones en Ceuta
POLÍTICA
Este órgano ha recibido 53 reclamaciones dirigidas a la Ciudad Autónoma, de las cuales 14 se presentaron en 2018

De acuerdo a la Ley de Transparencia, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha emitido su Memoria 2018 donde evalúa el grado de aplicación de la esta ley. Un documento donde se incluye información sobre el cumplimiento por parte de las administraciones públicas, incluida la Ciudad Autónoma, de las obligaciones previstas en la Ley de Transparencia y que es presentado ante las Cortes Generales.
Ceuta tiene suscritos dos convenios con el Consejo de Buen Gobierno, de fecha de 25 de febrero de 2016 y 20 de marzo de 2017, que incluyen a la ciudad en este sistema de control a través del cual se han recibido un total de 53 reclamaciones contra resoluciones de la administración local en los ejercicios 2016 (12), 2017 (27) y 2018 (14). Un número que si bien no es elevado por si mismo, sí lo es en proporción al número de habitantes de la ciudad y así lo destaca este órgano en su memoria anual presentada esta semana. La comunidad en cuyo ámbito se ha generado el mayor número de reclamaciones es Madrid, seguida por la de Castilla-La Mancha. Es evidente que, en general, el número de reclamaciones producidas está en relación con el número de habitantes de los diferentes territorios, “sorprendiendo, en este sentido, el relativamente elevado número de reclamaciones generadas por las resoluciones de los órganos de la Ciudad Autónoma de Ceuta”, según destaca el Consejo de Transparencia.
Entre los asuntos que se han abordado en estas reclamaciones, sólo en enero, estaban la petición de informes jurídicos de Acemsa para retirar el envío de la factura en papel; conocer los datos sobre liquidaciones efectuados a los gerentes del ICD; reclamar informes jurídicos en relación a la reducción de la cuotas de la Seguridad Social en 2016 en Obimace; conocer el número de menores extranjeros a los que se atendía; la solicitud de plantilla de la administración local; o diversas cuestiones relacionadas con el contrato de los autobuses y este servicio. En estos casos, las reclamaciones se hicieron ante el silencio de la Ciudad Autónoma.
Mientras, en junio también se presentaron reclamaciones para pedir informes relativos a la plaza de intendente, conocer las entradas y recaudación por las actuaciones de la feria o cuáles habían sido las actividades subcontratadas por RTVCE. También en estas ocasiones fue el silencio de la administración local lo que llevó a acudir al Consejo de Transparencia.