El aval de Delegación: mucha voluntad política pero escasas garantías jurídicas

La Delegación del Gobierno anunciaba este jueves por la mañana que ya había remitido a la Ciudad Autónoma el aval que aseguraría la llegada de 7,2 millones de euros de subvenciones desde el Estado a Ceuta que este año no se han materializado. El documento, al que ha tenido acceso EL PUEBLO, lejos de ser un aval formal que sirva como garante de que el dinero llegará a las arcas municipales, sólo expresa la voluntad de la delegada, Salvadora Mateos, de que cuando se constituya un nuevo gobierno "se les dé continuidad a los compromisos adquiridos con la Ciudad Autónoma".

Ante la falta de seguridad jurídica, desde el Ejecutivo local estén trabajando en incorporar una cláusula en sus presupuestos para no ejecutar diversos gastos por valor de 7,2 millones de euros -los correspondientes a las dos subvenciones que no han sido abonadas este ejercicio- hasta que no se acredite el compromiso de pago por parte del Gobierno de la nación de esta cantidad. Lo que, de momento, no ha trascendido es si esos gastos corresponderían al plan de ajuste presupuestario que anunció el presidente Juan Vivas la semana pasada o a qué partidas afectaría.

La acreditación de este compromiso de pago, lo que sí constituiría un aval jurídicamente válido para la Intervención de la Ciudad Autónoma, sería un acuerdo de Consejo de Ministros que se plasme en un real decreto o que se recoja en el siguiente Presupuesto General del Estado. Lo que ya ocurrió con la partida para atender a Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) que sí aprobó el Consejo de Ministros el pasado mes de octubre.