Ni blanqueo ni tráfico de influencias: El juez archiva otra pieza separada del 'caso Emvicesa'

La última de las tres piezas separadas del ‘caso Emvicesa’ que quedaba abierta, y que investigaba un posible delito de blanqueo de capitales con Antonio López como principal sospechoso, ha sido archivada. Hace apenas una semana el juez accidental del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ceuta, Rubén Salinas, decretaba el sobreseimiento provisional de las actuaciones porque, “tras la instrucción practicada, puede concluirse que no existen indicios suficientes” para considerar que los investigados cometieron los delitos de blanqueo de capitales, negociación prohibida con funcionarios públicos y estafa.

La pieza estaba relacionada con la venta de un inmueble en la calle Alfau a Antonio López, cuando este ostentaba el cargo de viceconsejero de Vivienda, y un socio. Además, también se involucraba al arquitecto que realizó un informe sobre el estado del edificio, que se encontraba en ruinas. Sin embargo, tras escuchar todos los testimonios y estudiar toda la documentación, el juez entiende que “no existen elementos bastantes que justifiquen la continuación de esta instrucción”.

Según se especifica en el auto, al que ha tenido acceso EL PUEBLO, de los testimonios de los llamados a declarar en esta causa “tampoco se puede desprender conducta alguna que haga presumir la concurrencia de elementos bastantes para tener por realizados los ilícitos a qué se refería el cuerpo Policial”. Y es que, la tesis de la Policía Nacional ponía en duda de la forma en la que se habían realizado los actos administrativos de la compra-venta del inmueble y si López se había aprovechado de su cargo público para lucrarse. Además, señalaba al exviceconsejero como responsable de blanquear los capitales que los investigadores le atribuían haber obtenido como cabecilla de una trama de compra-venta de viviendas públicas -lo que investiga la macrocausa del ‘caso Emvicesa’ con más de 60 involcurados y que se encuentra ahora mismo en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta-.

Sin embargo, esta pieza, al igual que las otras dos en las que López aparecía como principal investigado, queda archivada después de que para el juez haya quedado acreditado que la intención de vender el inmueble partió de los propietarios al constatar el elevado precio de rehabilitarlo porque se encontraba en ruinas, y también la procedencia del crédito del que se valió López para hacer la operación.

Señala el auto que en cuanto al motivo de la venta ya indicó (una de las propietarias) que cuando recibió notificación del expediente de ejecución fue la Ciudad Autónoma quien le recomendó una constructora para la reparación “sin que nunca se mencionara a ninguno de los investigados” y que al ver el precio de reparación decidieron vender, por lo que la venta del edificio “fue ocasional, querida por la propiedad inicial que buscaba un ansiado comprador, a fin de deshacerse de un inmueble deficitario y ‘ocupado’ por terceros ignorados, como algún testigo apuntó en su declaración”.

“Y todo ello sin que hubiese presión por parte del Ayuntamiento para dicha venta”, llega a destacar el magistrado en su escrito, donde también se deja constancia de que se aportó la póliza de crédito solicitada por López y su socio para hacerse con el inmueble.

“López, en ningún caso utilizó su cargo para adquirir el inmueble”

Para el juez, “en ningún caso puede ser trasladado ni dar lugar a considerar la existencia de indicios racionales de un presunto delito de blanqueo de capitales no apreciándose ni justificándose otro delito base de ningún tipo, necesario para poder hablar de ‘blanqueo’ como tal y respecto a Antonio López” ni a su socio en esta operación. Asimismo, asegura que se descarta cualquier indicio de posible estafa o tráfico de influencias “por cuanto se ha justificado que Antonio López no tuvo ningún tipo de intervención en el expediente administrativo que dio lugar a procedimiento de ejecución, no ejerciendo ningún tipo de presión tampoco respecto a la propiedad con la finalidad de conseguir la venta de un inmueble”.

Tampoco consta, tras las pruebas aportadas y los testimonios recabados en la fase de instrucción, que López mantuviera “relaciones con otros funcionarios públicos para aprovechar la ocasión en el sentido que exponía el Cuerpo Policial” y por ello el magistrado descarta igualmente “cualquier indicio de elemento prevaricador”.

Según se expone en el auto de sobreseimiento dictado el pasado 18 de diciembre, “a pesar del cargo que ostentaba Antonio López, en ningún caso este utilizó el mismo para adquirir el inmueble, siendo que este, sito en la calle Alfau 14, no era un inmueble público o afecto dicho interés”. La propiedad quiso deshacerse del inmueble cuando fueron graves los perjuicios que comenzó a causar sobre un colegio colindante lo que motivó el inicio del expediente por parte de la Ciudad Autónoma con las consiguientes sanciones y así se refleja en las pruebas practicadas durante la instrucción.

Audiencia Provincial

Fue posteriormente, ante la propuesta de reparación y en comparación con el informe de valoración de aquel inmueble así como el elevado coste que supondría la obra, y la escasa valoración del inmueble, “lo que empujó a la propiedad a la venta de aquel siendo que Antonio y su socio que decidieron comprarlo”. De ahí que el juez haya decretado un archivo que da por concluida la última pieza separada del ‘caso Emvicesa’.

La macrocausa se encuentra ahora a la Audiencia Provincial y pendiente de que el tribunal resuelva los recursos interpuestos por parte de los investigados, que piden que también se archive. Desde hace más de un año, no se ha tenido ninguna novedad al respecto, a pesar de que fue en agosto cuando los magistrados de la Audiencia Provincial se reunieron para debatir al respecto de estos recursos.