El acusado de abusos a 12 niñas no pasará en prisión más de 16 años

De los 42 años de condena por abusos a doce menores, J.A.G.C. terminará pasando en prisión 18, de los que ya lleva cumplidos dos. El acusado de abusar de doce menores del colegio Lope de Vega en el curso 2017/18 y para el que se llegaron a pedir penas de más de 80 años de cárcel, no pasará más de 16 años en prisión. Así lo han confirmado a Ceuta Televisión fuentes jurídicas, que señalan que se aplicará a este individuo la figura conocida como “el triple de la mayor”, recogida en el Artículo 76 del Código Penal.

El acuerdo entre las partes pedía seis años por cada uno de los delitos más graves, dos delitos continuados de abusos sexuales con el agravante específico de acceso carnal, a los que habría que descontar los dos que ya lleva en prisión preventiva. Por otra parte, fuentes relacionadas con el caso dan por hecho que la parte económica del mismo acabará dilucidándose en el Tribunal Supremo.

El “triple de la mayor” es una figura controvertida, desde la aprobación del Código Penal de 1995, dado que muchos miembros de ETA, por ejemplo, se han beneficiado de la misma. Las fuentes judiciales consultadas por Ceuta Televisión dan por hecho, además, que la parte económica de la condena -720.000 euros en concepto de indemnizaciones a las familias- acabará dilucidándose en el Tribunal Supremo. Tanto si la responsabilidad civil recae sobre la Ciudad Autónoma, como si lo hace sobre el Ministerio de Educación, o ambas instituciones a la par, se dan por hecho los recursos. Y es que, esta es la única cuestión que quedaba pendiente de aclarar.

Juicio, el pasado 26 de noviembre

Tras casi dos años en prisión preventiva, J.A.G.C. asumía los hechos por los que se le acusaba en la sala de la Sección VI de Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta el pasado 26 de noviembre. Con la escueta fórmula de “si, lo reconozco” el acusado respondía ante todas las preguntas que le lanzaba la representante del Ministerio Fiscal en sala. Quedaba así demostrado que el acusado, con un comportamiento “libidinoso”, había besado en la boca y tocado a las menores aprovechando que, por su trabajo, estaba cerca del baño al que acudían, sin estar acompañadas por un adulto, y que todo obedecía a un “plan preconcebido” para “satisfacer su deseo sexual”. Además, también reconocía que tuvo el mismo comportamiento con una de las menores en el garaje de su vivienda, cuando la niña acudió a devolverle unas herramientas que el acusado había dejado a su padre. Un hecho que permitió destapar este caso.

Antes de iniciarse el juicio, se había intentado llegar a un acuerdo con los progenitores de las menores que fueron víctimas de estos abusos para no tener que celebrar un juicio que les hubiera expuesto a ellos, como testigos, y a sus hijas, a revivir lo sucedido hace casi dos años. Lograron no tener que declarar tanto los familiares como las menores. Lo que no se consiguió fue una condena por conformidad por la negativa de los letrados del Ministerio de Educación y de la Ciudad Autónoma a aceptar en concepto de responsabilidad civil subsidaria el pago compartido de las indemnizaciones a las menores. Una cuantía que asciende a 720.000 euros al fijarse en 60.000 euros la indemnización para cada víctima.