"Las medidas cautelares deben proteger a la víctima eliminando el contenido en redes"

El uso de las nuevas tecnologías introduce en los procesos judiciales temáticas que hasta ahora no se contemplaban. De manera que surgen problemas para conseguir las pruebas, ya que hay que rastrear la IP e introducir nuevos protocolos de búsqueda.

Martín Nájera expuso que en las redes sociales se potencian los estereotipos sexistas, que reproducen ideas trasnochadas, que deberían estar superadas, como el lesivo mito del ‘amor prerromántico’ que influye en la formación de la identidad de los menores porque “los menores tienen cada vez menos filtros, ya que consultan menos a sus padres, leen menos libros, menos periódicos, ven menos la televisión y las redes son su única fuente de información, formación y de comunicación”. Lo complicado es atajar, indicó la fiscal, la violencia de género psicológica, porque las campañas de concienciación sí han conseguido hacerles ver que “una torta no se permite y supone el fin de una relación”. Sin embargo la violencia de control, la humillación, el insulto o la coacción, también es violencia de género aunque sea de otra naturaleza pero sus efectos pueden ser incluso más perniciosos porque “una noticia falsa que denigre o la difusión de una fotografía íntima conlleva unas consecuencias difíciles de superar.

El uso de las nuevas tecnologías deja una huella digital que es perseguida por la policía judicial a través de medios especializados. La existencia de mensajes de Whatsapp por ejemplo habilita mejores condenas, aunque su inmediata difusión acarrea una dificultad a la hora de proteger a la víctima. Los efectos de las injurias se expanden a gran velocidad, sin posibilidad de ser atajados. En este supuesto la víctima carece de herramientas psicológicas de defensa y su impotencia es total ya que desconoce el origen de la filtración. En este sentido la fiscal recordó el trágico caso de una empleada que se suicidó después de que se compartiese un video por sus compañeros en su lugar de trabajo. Esto debería hacer pensar a la sociedad, expuso, sobre las consecuencias que tiene un ‘retuitéo’ porque no son actos inócuos sino que afectan a la víctima. Entre compartir y no compartir este tipo de contenidos, la segunda opción siempre será la acertada. Por ello se exige un compromiso por parte de la sociedad virtual, porque rigen los mismos derechos y deberes que en la vida real.

En este sentido los retos de futuro pasan por proteger a la víctima y ello conlleva necesariamente una reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal y la modificación del Código Penal para contemplar la compleja ampliación de las modalidades comisivas y encontrar los tipos delictivos en que encajarlas.