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POLÍTICA
En 2016 el Consejo de Gobierno aprobó dos nuevas ordenanzas de buceo, una para regular el buceo profesional y otra para el recreativo. Tras ser elevados ambos documentos al Consejo de Estado, este órgano realizó varias alegaciones a ambos textos, la mayoría de carácter técnico, pero también algunas jurídicas relativas a la ordenanza de buceo profesional. Esto ocurrió en 2017 y desde entonces no se había producido ningún avance en este ámbito. Por ello, Vox ha llevado al pleno de la Asamblea una interpelación sobre en qué punto se encontraba la normativa y advirtiendo de la necesidad de tenerla actualizada para incorporar los avances en este campo.
Asimismo, Francisco Ruiz, el diputado que intervenía en este punto, señalaba que "sería interesante tener finalizada cuanto antes la normativa para aportar seguridad a los empresarios del sector y que puedan ofrecer a los clientes un mayor rango de actividades subacuáticas, para fomentar el buceo y el turismo". Y es que, la falta de una ordenanza provoca "inseguridad jurídica" e "inquietud" entre empresarios y las personas que practican el buceo, según apuntaba el diputado de Vox.
Desde el Gobierno, la consejera de Juventud y Deporte, Lorena Miranda, explicaba que se va a externalizar la elaboración de las ordenanzas de buceo profesional y buceo recreativo porque la administración carece de los recursos suficientes para solventar las deficiencias que presentaban ambos textos y que puso en evidencia el Consejo de Estado. Un trabajo que, señalaba Miranda, se llevará a cabo en los próximos meses. Eso sí, aunque la consejera mostraba su interés en poder llevar las ordenanzas a pleno para su aprobación lo antes posible, no marcaba tiempos y desde Vox la apremiaban a que fuera lo antes posible.
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