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SUCESOS
Este lunes el Juzgado de lo Penal acogía la primera sesión de las cuatro previstas en el juicio oral por los incendios intencionados de dos vehículos y un quiosco en los años 2016 y 2017, todos ellos relacionados con agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional en Ceuta contra los que se cree que se planeó una venganza. Para algunos de los seis procesados en esta causa, el Ministerio Fiscal pide hasta quince años de cárcel. No obstante, antes de comenzar la vista oral, el proceso se ha visto seriamente afectado ya que se ha decretado la nulidad de una prueba esencial: la intervención de un teléfono móvil el 24 de marzo de 2017 que permitió relacionar a los acusados y que ha sido una piedra angular de la causa.
Según ha explicado la jueza, en las actuaciones no se encuentra el oficio por el que se solicitaba la intervención del dispositivo y, por tanto, esta queda anulada y con ella todas las actuaciones derivadas de ella, incluidas las declaraciones de los procesados o el seguimiento policial que se hizo al principal acusado, O.I.P.G., al que se señala como instigador de los incendios para ejecutar una "venganza" contra los agentes que habían participado en una operación para desmantelar una red dedicada al transporte de grandes cantidades de hachís desde Ceuta a la península mediante el empleo de camiones de transporte de mercancías. Una "organización criminal", según apunta el escrito Fiscal, en la que había personas relacionadas con el acusado.
Tras desecharse todas las pruebas obtenidas a raíz de la intervención del teléfono, es decir, todas las pruebas que se obtuvieron a partir de marzo de 2017, uno de los abogados de la defensa, el letrado José María Calero, solicitaba que el Ministerio Fiscal retirara las acusaciones. Pero el fiscal decidía seguir adelante a la espera de que los interrogatorios en sala permitan sostener su acusación contra los seis implicados.
Tras un receso de media hora para recomponer la estrategia tanto de defensa como de acusación, el juicio continuaba con la llamada al estrado de los procesados, que se acogían a su derecho a no declarar. Los que sí declararon en esta primera sesión fueron la propietaria del quiosco incendiado en mayo de 2016, hermana de un agente de la UDYCO, y el policía en cuestión. Ambos se mostraron muy afectados por lo ocurrido, incluso la propietaria del quiosco aseguraba no haber podido volver a trabajar desde lo ocurrido y tener claro que el incendio fue una represalía contra su hermano.Y es que, antes de que el fuego arrasara todo su quiosco, hubo dos intentos en el que el fuego apenas prendió y la intervención de los bomberos impidió que fuera a más.
La primera sesión de este juicio se daba por concluída tras escuchar al hermano de la propietaria del quiosco. Este agente explicaba cómo había pedido su traslado de la UDYCO al Grupo de Información y aseguraba que si no se había ido de Ceuta era por su familia. Los otros dos compañeros, a los que les incendiaron el vehículo, sí pidieron ese traslado y se encuentran fuera de la ciudad.
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