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Pedro Álvarez, fue desahuciado junto con su familia de la vivienda que ocupaban en la Colonia Weill, en mayo de 2019. Hasta ese momento pagaban 600 euros de renta pero las desavenencias con el dueño que pretendía subirles el alquiler, argumenta Álvarez, desembocaron en un proceso judicial que se saldó sin acuerdo entre ambas partes. La unidad familiar agotó los 60 meses de ayuda al alquiler aportados por la Consejería de Asuntos Sociales en 2017. Desde entonces Álvarez admite que “fuimos para atrás”. Los contratiempos se sucedieron, la esposa enfermó y hubo de someterse a un trasplante de médula y emprender traslados a hospitales de la Península. Él es un carpintero parado de larga duración y mayor de 52 años que cobra una ayuda de 430 euros, ella una pensión de 392 euros no contributiva.
Cuando comunicaron su situación a Servicios Sociales les instaron a encontrar vivienda, según Álvarez el técnico de la Consejería se decantó por la opción más barata. En dicha transacción una inmobiliaria se agenció 400 euros. Realojaron a Pedro, su mujer y sus dos hijos en una vivienda infrahumana de 27 metros cuadrados en González Besada detrás de los Baños Árabes, que no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad. Señala que una obra anexa también perjudica la vivienda, pues le caen restos de material. Problemas de hongos, humedad y saneamiento que perjudican la salud de la mujer, un espacio reducido, filtraciones cuando se dan precipitaciones y la mitad del techo de escayola que se desploma el pasado 25 de diciembre.
Álvarez denuncia que en Servicios Sociales y Fomento disponen de los informes de bomberos pero no les dan solución aparte de realojarlos durante cuatro días en un hostal. Carecen de nómina, si presentan una vivienda alternativa de 500 euros le contestan que “si eso es un palacio” y la imposibilidad de seguir viviendo bajo un techo que amenaza una desgracia, es la ruina que embarga a esta familia y la situación que denuncia Pedro Álvarez por la que atraviesan sin poder vislumbrar la luz al final del túnel.
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