Vox Ceuta trasladará a la Asamblea una propuesta para aislar a los tránsfugas

El pasado lunes 27 de enero, María del Carmen Vázquez Soto y José María Rodríguez Ruiz, pertenecientes hasta entonces al Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Ceuta decidían abandonar la formación y pasar al grupo de los no adscritos, algo que desde la formación Vox Ceuta catalogaron de transfuguismo.

Para Vox Ceuta, tanto Vázquez como Rodríguez se han apropiado del voto de los ciudadanos de Ceuta al no devolver el acta de diputados y por consiguiente, según la formación verde, “dejado clara una falta de respeto hacia los votantes que son los propietarios de esa acta”.

Por todo ello y para luchar contra esta situación, el Grupo Parlamentario Vox ha elevado a la Asamblea de Ceuta una propuesta con el fin de que la misma salga adelante, la cual se sustenta en seis puntos fundamentales para luchar contra el transfuguismo.

Como recuerda la formación verde, hace más de veinte años las fuerzas políticas representadas entonces en las Corges Generales, rubricaron un acuerdo sobre un Código de Conducta Política en relación con el transfuguismo de las Corporaciones Locales. En dicho acuerdo, se describe al transfuguismo como un fenómeno que “deteriora los fundamentos del sistema político”, valorándolo como una “conducta negativa”.

En dicho acuerdo se alcanzaron una serie de compromisos entre los que se incluían el impedir la utilización de tránsfugas no apoyando ninguna iniciativa que provengan de los mismos y desincentivar el transfuguismo político a través de la adopción de medidas disuasorias de carácter económico, reglamentario y protocolario.

Igualmente, entre otro de los compromisos también se acordaba propiciar las reformas reglamentarias necesarias con la finalidad de “aislar a los concejales tránsfugas”, estableciendo en los reglamentos la imposibilidad de que pasen al Grupo Mixto, quedando como diputados no adscritos, sin que puedan percibir o beneficiarse de los recursos económicos y materiales puestos a disposición de los grupos políticos de la corporación.

Este acuerdo, todavía hoy vigente, se alcanzó en julio de 1998, siendo reafirmado en septiembre de 2000 y renovado en mayo de 2006, incorporándose en cada una de las renovaciones nuevos aspectos centrados en aislar cada vez más la figura del tránsfuga.

Por todo ello, y ante la última situación vivida en la Asamblea de Ceuta, desde Vox Ceuta se defenderá en la sesión plenaria que se celebrará esta semana esta propuesta contra el transfuguismo a través de la cual se busca que la Asamblea manifieste una declaración de apoyo y conformidad al acuerdo sobre el código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales, renovado por última vez en mayo de 2006 y que todavía hoy en día sigue vigente.

Igualmente, Vox Ceuta solicitará a los grupos políticos de la Asamblea de Ceuta asumir el cumplimiento y hacer cumplir los compromisos establecidos en dicho acuerdo.

Otro de los objetivos que persigue Vox a través de esta propuesta es la de instar a la propia Asamblea de Ceuta y al Gobierno de la Ciudad a iniciar, lo antes posible, las acciones y modificaciones reglamentarias que sean necesarias para, en cumplimiento con el acuerdo referido, aislar políticamente a los tránsfugas y hacer cumplir los compromisos establecidos en el acuerdo.

Del mismo modo, Vox Ceuta también quiere instar a los grupos políticos presentes en la Asamblea de Ceuta a adoptar el compromiso, en cumplimiento del acuerdo de 2006, de votar en contra de todas y cada una de las propuestas, sean cuales sean, que los tránsfugas lleven a pleno, fomentando así la reprobación social del transfugusimo en busca de consolidar en la conciencia social el carácter inadmisible y la naturaleza patológica de este fenómeno en cuestión.

Por último, Vox Ceuta a través de esta propuesta también buscará la elaboración de una Comisión de Seguimiento del cumplimiento de este acuerdo, con representación de todos los grupos políticos presentes en la Asamblea, celebrando dos reuniones ordinarias anuales de dicha comisión en los meses de junio y noviembre preferentemente, pudiéndose celebrar reuniones extraordinarias a petición de cualquiera de los grupos.

Ampliación del acuerdo

La última renovación vigente, la cual data de 2006, en la que se ratifican los acuerdos en los años 1998 y 2000, supuso una ampliación del acuerdo, amparada bajo el “compromiso por el respeto a la voluntad de los ciudadanos y la lealtad política en los gobiernos locales”. Entre los nuevos acuerdos declarados en la última renovación del acuerdo en 2006 y vigentes a día de hoy, destacan los siguientes:

A.- Las medidas previstas en este acuerdo con respecto a los tránsfugas, serán igualmente de aplicación a aquellos miembros de las entidades locales que se beneficien de su conducta.

B.- El compromiso de “no apoyar ninguna iniciativa que provenga de los tránsfugas”, así como de desincentivar el transfuguismo a través de medidas disuasorias de carácter “reglamentario y protocolario”.

C.- Interpretación fiel y leal, del artículo 73.3 de la LBRL, según redación dada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, que hace mención al principio en cuya virtud “los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia”, comprometiéndose igualmente a evitar las llamadas “plusvalías del disidente”. En consencuencia de este acuerdo legal, en referencia a los tránsfugas no adscritos:

* No podrán ejercer los derechos atribuidos por la regulación aplicable a los grupos políticos en el desarrollo de las sesiones plenarias.

* No podrán mejorar su situación anterior al abandono del grupo municipal de origen en cuanto a su participación en las Comisiones. No existe, pues, un derecho del concejal no adscrito a participar en todas las comisiones plenarias, y el grupo municipal que sufre merma por la acción del tránsfuga no deberá ver reducida su participación en las mismas.

* No podrán participar en la Junta de Portavoces.

* El grupo político perjudicado, no deberá sufrir merma alguna en los medios y asignaciones que como tal grupo le correspondiesen con anterioridad.

* La condición de concejal no adscrito no es equiparable en ningún caso al grupo político, por cuanto comporta una violación de la LBRL.

* Compromiso de los partidos a impedir el nombramiento de los concejales tránsfugas como representantes del Ayuntamiento en las entidades de las que el Ayuntamiento forma parte.

D.- Los partidos firmantes se comprometen, ante el incumplimiento por parte de un grupo local, de “incoar los correspondientes expedientes” y “expulsar de la organización” a aquellos que violenten el citado compromiso instrumentalizando o apoyándose, en su proyecto, en los concejales tránsfugas.

E.- Judicializar los casos de transfuguismo en los que pudieran concurrir finalidades presuntamente constitutivas de un ilícito penal.

F.- “Los partidos políticos firmantes declaran su voluntad de extender los principios y contenidos del presente pacto, en lo que sea de aplicación, a las Comunidades Autónomas, sus Asambleas legislativas, y al Estado, fundamentalmente en el ámbito parlamentario”.

Efectos positivos

Una más firme “reprobación social del transfuguismo”, reconociendo sus “efectos perturbadores.

Una reducción notable del porcentaje de mociones de censura, la manifestación más grave de este fenómeno.

El reconocimiento del transfuguismo como una conducta patológica a combatir y erradicar.

El incremento del aislamiento político de los tránsfugas en las Corporaciones locales.

El logro de “fomentar y consolidar la conciencia social del carácter inadmisible y la naturaleza políticamente patológica de tales comportamientos, incompatibles con el sano funcionamiento de una democracia representativa en el nivel local”.

El logro de “fomentar y consolidar la conciencia social del carácter inadmisible y la naturaleza políticamente patológica de tales comportamientos, incompatibles con el sano funcionamiento de una democracia representativa en el nivel local”.

El logro de “fomentar y consolidar la conciencia social del carácter inadmisible y la naturaleza políticamente patológica de tales comportamientos, incompatibles con el sano funcionamiento de una democracia representativa en el nivel local”.