La Ciudad lleva a los Tribunales a todas las familias que permanecen en Serrano Orive

Con el final del confinatorio obligatorio por la crisis sanitaria del COVID-19, las sedes judiciales de Ceuta han comenzado a retomar la normalidad y a darle continuidad a los casos que estaban pendientes desde que en marzo se parase por completo la actividad. Así, uno de los casos que han seguido su curso ha sido el de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) de Serrano Orive. En este sentido, hay que recordar que los vecinos allí residentes tenían hasta el 20 de enero de este año para abandonar las viviendas “al no cumplir los requisitos” -principalmente por ser mayores de 35 años- y que el 31 de enero, la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvicesa) publicaba en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma (BOCCE) las bases para la selección de adjudicatarios de las viviendas disponibles en la promoción de 45 viviendas públicas de Serrano Orive para menores de 35 años, en régimen de arrendamiento.

Esta situación hizo que al menos diez viviendas fueran entregadas, siendo tapiadas de manera inmediata para que no fueran ocupadas de nuevo, pero al menos 25 familias continúan viviendo en esta promoción, aunque es cierto que hay algunas que en los próximos días procederán a la entrega de las llaves al haber encontrado un nuevo hogar.

Aunque parecía -tal y como señalan los vecinos- que este procedimiento había sido paralizado ante la situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos por el COVID-19, el Juzgado ha comenzado a enviar a los domicilios que aún continúan habitados, las notificaciones para que recojan en el Juzgado las diligencias una vez que la situación ha sido llevada a los Tribunales por parte de la Ciudad.

Las familias que aún no han entregado las viviendas han vuelto a recuperar el “estado de ansiedad” en el que se encontraban a finales de 2019 e inicio de 2020 ante la presión de partidos de la Asamblea como el MDyC que exigían el abandono de estas viviendas al no cumplir los vecinos que allí residen con todos los requisitos y estos no ocultan su preocupación, pues muchos de ellos tienen dos, tres y hasta cuatro hijos y se ven viviendo en la calle. “Desde que nos empezaron a enviar las cartas para abandonar nuestras viviendas hemos estado buscando alternativas, pero es cierto que pensábamos que esta situación se iba a prolongar bastante más por la crisis sanitaria y al final se nos ha echado el tiempo encima. Se ve que la Ciudad no ha tenido en cuenta el estado en el que nos encontramos y decidió llevar a los Tribunales esta situación, por lo que estamos muy preocupados, porque la mayoría de los vecinos que continuamos en estas viviendas tenemos pocos recursos y si nos echan nos vemos literalmente en la calle con nuestros hijos”, señala uno de los vecinos, que pide que “se actúe con más humanidad, pues no hay derecho que aún pagando todos los meses lo que nos corresponde por la vivienda, luz, agua y comunidad, tengamos que salir de nuestras casas por el hecho de tener más de 35 años. No vemos justo esta situación y por eso hemos estado peleando hasta el final, pero ya vemos que la Ciudad está actuando sin miramiento y que le ha dado prioridad absoluta a que las 45 viviendas de Serrano Orive sean entregadas de manera inmediata”. Además, los vecinos recuerdan que “no s una situación fácil. Nosotros no queremos que nadie nos regale absolutamente nada, pero si estamos cumpliendo en los pagos desde el primer día, no vemos justo que se nos de este trato y que encima la Ciudad nos lleve a los Tribunales”, explicaban.

Por otra parte, los vecinos no entienden la vuelta de tuerca que se ha dado ante esta situación, pues recuerdan que en el año 2012 recibieron una carta por parte de Emvicesa que decía textualmente: “Con referencia a la próxima enajenación del edificio de 45 viviendas del que usted es adjudicatario, y cuyo contrato de alquiler se encuentra suscrito con esta Empresa Municipal de la Vivienda, S.A. Emvicesa, ponemos en su conocimiento que se mantendrán las mismas condiciones pactadas e incluidas en cada una de las cláusulas del referido contrato, siendo de obligatorio cumplimiento por parte de la empresa o persona física que resulte adjudicataria del edificio. Así como la obligación de una vez transcurridos los años fijados por la Ley de ofrecer la venta de dichas viviendas a los inquilinos y siempre por el precio que establezca el Plan de Vivienda en vigor en ese momento. Todo ello se lo comunicamos para su total tranquilidad”, rezaba la carta.

Desde el Gobierno de la Ciudad se insistió en varias ocasiones que “lo que se busca es normalizar la situación de esta promoción de 45 viviendas protegidas, concebida y construida en su momento para menores de 35 años en régimen de alquiler, con la finalidad de que siga siendo una promoción que favorezca la emancipación de la población más joven”, señalaban antes del Estado de Alarma.