CCOO solicita aplazar la entrada en vigor obligatoria de LexNet
Desde el sindicato se resalta no compartir ni entiender el “empecinamiento” del Ministerio de Justicia.
El 5 de abril se debatió en el Congreso la proposición no de Ley de Ciudadanos para aprobar una moratoria de la obligación legal de usar el sistema de intercomunicaciones digital en los Juzgados desde el día 1 de enero de 2016 y del expediente judicial electrónico a partir del 7 de julio de 2016. La proposición fue rechazada con el voto en contra del PP y del PSOE.
CCOO ha asegurado no compartir ni entender el empecinamiento del Ministerio de Justicia, apoyado por el Grupo Popular, en mantener esta obligación legal a sabiendas de que en el conjunto de la Administración de Justicia del Estado no existen los medios suficientes para cumplirla.
Para CCOO también resulta incomprensible e injustificable la postura del PSOE que, mientras en el Congreso ha votado en contra de la moratoria, en la Asamblea de Madrid se ha posicionado a favor (junto con el resto de grupos salvo el del PP) de una proposición no de ley similar que insta al Consejo de Gobierno a que en el plazo de 6 meses dote a los órganos judiciales de los medios materiales y personales adecuados, a la implantación progresiva del papel “0” y a que garantice la adecuada formación para el uso de LexNet a las y los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.
Asimismo esta proposición insta al Gobierno de la nación a “que adopte de manera urgente cuantas medidas y disposiciones resulten necesarias para la suspensión inmediata o moratoria de la obligatoriedad para los profesionales de la justicia del uso de LexNet.
CCOO apuesta decididamente por la implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, pero exige a las Administraciones competentes que la misma se haga de forma progresiva, incrementando la dotación de medios materiales y personales, reconociendo a las y los trabajadores de los juzgados, tribunales y fiscalías el esfuerzo realizado para está tremenda modificación de los sistemas de trabajo y reconociendo la participación estos trabajadores como elemento esencial que ayudaría a encontrar soluciones prácticas a los problemas que se generan.
