Arranca el ‘expediente judicial’ electrónico con “pocas incidencias”

Ayer arrancaba en Ceuta la implantación del expediente judicial electrónico, una cuestión que supondrá un cambio en la administración de Justicia. La secretaria de Gobierno de Justicia en Ceuta, Josefa Vilar Mendieta, atendía ayer a EL PUEBLO con el objeto de que se conocieran las primeras impresiones con respecto al nuevo sistema.

Como puso de relieve, el seguimiento del nuevo sistema es diario. “No hay problemática, no hay demasiadas incidencias”, explicó la secretaria general.

Como es habitual en nuevos sistemas de implantación, se pueden producir problemas con las plataformas, “pero la actividad se retoma”. De hecho, se han activado “fórmulas” para el caso de que se produzcan fallos tecnológicos.

Ahora bien, desde el punto de vista de la secretaria de Gobierno de Justicia en Ceuta, se han producido “pocas incidencias”. En contacto permanente con el Gobierno, señaló que la valoración “por parte del Ministerio es que la implantación del expediente judicial se ha producido sin demasiados problemas”. De hecho, constató que ha habido una “aceptación” por parte del colectivo que está afectado por la nueva regulación en el plano informático.

No se ha realizado esta implantación sin más ni más, sino que, como explicó Josefa Vilar, se ha realizado una formación previa, tanto ‘online’ como presencial, con la asistencia de seis técnicos en informática en las sedes judiciales, amén de cuatro formadores. Se han realizado cursos de incluso una semana en la formación monográfica en el aspecto concreto.

Hay que tener en cuenta que este nuevo sistema judicial afecta a funcionarios, fiscales, secretarios judiciales y magistrados, así como a abogados y procuradores.

“Se continúa reforzando”, declaró. También mediante la intervención de OIS, que se trata de Operadores In Situ. De esta forma, están muy pendientes de solventar cualquier incidencia que se pudiera producir.

Josefa Vilar explica que para la implantación del expediente judicial electrónico se está trabajando desde mucho antes de la implantación. Pero además, se ha realizado un análisis y mantenimiento en cuanto a la revisión y modernización de puntos informáticos, canaletes e incluso racks.

Ayer era un día muy importante para la evaluación de la implantación del nuevo sistema y a pesar del ingente trabajo que se acumula en el despacho de Josefa Vilar, en la segunda planta del edificio Ceuta Center, lo cierto es que concedió unos minutos a EL PUEBLO para realizar una primera evaluación.

Por razones de agenda, algunas de las intervenciones se realizan mediante videoconferencia. Declaró que a Ceuta, desde el Ministerio de Justicia, “se nos tiene muy en cuenta, diría que se nos trata con bastante mimo”.

El personal que tendrá que amoldarse al nuevo sistema es difícil de calcular. En principio son 176 funcionarios, pero hay más personal, como jueces, fiscales, abogados y funcionarios.

Siempre hay “un plan B”, como expone la secretaria general de justicia. De forma que si se produce algún problema informático, se actúa mediante sistemas alternativos, como la holografía, la firma y el escaneo.

Desde el 22 de junio se vienen alternando las vías informáticas y las de “papel”. Sí se mostró muy satisfecha del hecho de que “la gente se ha formado. Todas las innovaciones suelen ser problemáticas y en ocasiones provocan reticencias, es una especie de miedo a lo desconocido, pero como digo siempre hay un plan B”.

“Con buena voluntad siempre existe solución”, declaró la secretaria de Gobierno de Justicia en Ceuta. Sí que quiso subrayar especialmente la “cooperación”, de todas las partes que se han visto abocadas a trabajar con el nuevo sistema.

Desde el 1 de enero de este año, los profesionales de la Justicia (procuradores, abogados, graduados sociales y profesionales de los servicios jurídicos de las administraciones públicas) y todos los órganos y oficinas judiciales y fiscales están obligados a emplear los sistemas telemáticos existentes para la presentación de escritos y documentos y para la realización de actos de comunicación (citaciones, notificaciones, requerimientos y emplazamientos) en la totalidad de los órganos jurisdiccionales (civil, penal, social y contencioso-administrativo) para los procedimientos que se inicien a partir de esta fecha, como establece la Ley 42/2015 de 5 de octubre.