La defensa de la acusada del desfalco en la notaría siembra de dudas los informes periciales
TRIBUNALES
Los letrados de la exempleada que supuestamente se apropió indebidamente de 292.372,94 euros han rebatido la investigación realizada por los peritos económicos aportados por la fiscalía y la acusación particular y apuntan a un posible fraude fiscal de la empresa
La defensa de B.G., la exempleada de una notaría ceutí acusada de desfalcar 292.372,94 euros de la empresa entre 2006 y 2012, ha puesto bajo la lupa los informes periciales aportados por las partes de la acusación, así como ha rebatido palmo a palmo tanto la validez de los documentos como de la información facilitada por la compañía para el juicio. Este lunes han declarado en la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta los peritos económicos de las tres partes, y el trabajo de la asistencia letrada de la mujer ha logrado sembrar la duda ante el proceder de la notaría a la hora de auditar sus cuentas, hasta el punto de que la jueza le ha recordado a una de las abogadas que “aunque se hubiera cometido un delito fiscal, no es el objeto de debate y ya habría prescrito”.
La fiscalía pide tres años y medio de prisión para la exempleada, mientras que la acusación particular solicita nueve meses más de cárcel aparte de la cantidad presuntamente desfalcada en concepto de responsabilidad civil. La acusada, a cargo del plano administrativo de la notaría desde antes desde 1995 hasta su despido en 2012, desviaba supuestamente una serie de facturas usando el programa informático de la empresa para evadir el seguimiento de las mismas. Las trataba como “facturas especiales”, una tipología en la clasificación informática distinta a las habituales facturas cobradas, pendientes de cobro o dispensadas, comunes a otras compañías del gremio.
En la mañana del lunes han testificado presencialmente los peritos económicos de la fiscalía y de la defensa, mientras que el profesional aportado por los socios de la notaría y por la aseguradora que pagó el montante desfalcado a la empresa ha comparecido telemáticamente. Este último perito ha sido el más activo en el juicio y el más demandado por la asistencia letrada de la antigua empleada.
Los técnicos han comenzado justificando metodológicamente su investigación, si bien el experto que representa al Ministerio Fiscal ha recalcado que la suya no estuvo enfocada en seguir el ingreso en el banco del dinero que venía de la caja de la notaría, sino más bien en analizar el descuadre que suponía la diferencia entre las facturas emitidas y el resto: “justo” los 292.372,94 euros facturados como “especiales” pero que no llegaron a la cuenta bancaria de la entidad. El perito judicial ha tildado de “muy rudimentarios” los métodos de contabilidad de la notaría a la hora de conciliar los pagos y ha expresado “una intencionalidad” en la ocultación de las 295 controvertidas facturas: “Las facturas especiales no están ingresadas”, ha concluido el experto. “¿Quién se quedó ese dinero? No lo sé”, ha afirmado.
Más claro ha parecido el perito de la acusación particular: “Se ha demostrado que esta señora nunca incluyó las facturas especiales en el sumatorio de lo ingresado, lo que supuso un agravio a mis clientes”, ha comentado en referencia a la posible “manipulación” contable por parte de la acusada.
De acuerdo con el técnico, el “sistema” del presunto desfalco se realizaba cuadrando la hoja de caja del día anterior con la de la siguiente utilizando dinero líquido que los clientes abonaban en la caja de la notaría, especialmente en el caso de las “facturas especiales” cobradas con cheque, que tenían más trazabilidad de cara a su investigación que las pagadas en metálico: “Un cheque es rastreable, por lo que era necesario usar la caja de importes pagados en efectivo o un mix entre el efectivo y el saldo en caja para evitar que el programa diera la voz de alarma”, ha explicado.
“No hay evidencias”
Por su parte, el perito de la defensa ha contradicho lo expresado anteriormente por sus colegas al detallar que “lo cierto” es que el dinero sí fue ingresado y que “hay otra parte de las facturas dispensadas que tienen coste cero” que no sabe “si se cobraron o se ingresaron en el banco”. También ha criticado que la metodología de los peritos de la acusación esté basada en “evidencias” como que los clientes declararan en anteriores instancias judiciales que habían pagado un determinado número de facturas con dinero líquido –en referencia a la dificultad de su rastreo-: “No hay evidencias, y que el cliente diga que pagó en efectivo no es una evidencia”, ha manifestado.
Más sintonía han demostrado los testigos a la hora de catalogar la hoja de caja, el principal documento investigado, que el perito judicial ha calificado de “batiburrillo”. “La hoja de caja hay días que se rellenaba y otros que no, es una guía pero no es la Biblia”, ha expresado el técnico aportado por la defensa, dudando de que fuera un documento plenamente contable.
Mientras que la fiscalía y la acusación particular no se han prodigado mucho con sus preguntas, el extenso interrogatorio de la defensa ha requerido incluso que el perito de la acusación particular llegara a hacer hasta cálculos aritméticos para responder a cada caso planteado por los abogados. Los letrados han insistido en la falta de documentación que respalde las facturas, así como en que las cuentas que han aportado no cuadran con las de los informes de los otros dos peritos. Achacan desde la defensa estas diferencias a un posible fraude fiscal de los socios de la notaría.
La estrategia de los abogados va en línea con la declaración de la acusada del pasado 26 de septiembre, quien defendió su inocencia asegurando que no se había beneficiado “en nada”, que no había tocado “jamás un duro de la caja” y que el descuadre y la falta del dinero habría podido deberse a una “mala gestión documental de la notaría” o a un interés de los empresarios por ocultar información tributaria.
El juicio de las “facturas especiales” comenzó el martes 24 de septiembre con la declaración de los tres notarios socios, de otros tres empleados de la notaría y del representante de la citada aseguradora. Por la mañana del miércoles 25 de septiembre testificaron dos peritos, mientras que la declaración de un tercero fue suspendida entonces y hasta este lunes.
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