Desahucio en la calle Argentina por incumplimiento de la normativa urbanística

Un niño de unos seis años espera sentado en un poyete aferrando una mochila escolar de ruedas decorada con motivos de la serie infantil de animación Ben 10. Pertenece a la familia propietaria de la vivienda del número 41 de la calle Argentina, que aguarda junto al chico en la puerta a que desalojen su edificio. El desahucio ha sido ejecutado por incumplimiento de la normativa urbanística tras una orden de demolición del edificio fechada en 2008 y que se ha llevado a la práctica este lunes.

La construcción en la barriada de San José, con fachada de hormigón gris y rejas coloradas en el exterior de las ventanas, será demolida en las próximas horas del comienzo de esta semana, después de que los funcionarios del Parque Móvil acaben de sacar los enseres todavía acumulados en su interior: sillas viejas, muebles y maletas desgastadas; entre otros. La vivienda cuenta con tres plantas y una terraza con vista al mar, y en los últimos días aún había una familia alquilada en el piso inferior. Durante el desahucio y en la puerta de la casa, con azulejos blancos y motivos rojos a juego con las rejas, se arremolinan alrededor de 15 agentes de Policía Nacional y de Policía Local desplazados en cuatro vehículos de ambos cuerpos. Uno de los gendarmes reconoce que el numeroso dispositivo seguridad desplegado es inusual en este tipo de operativos.

Además de los policías, en el lugar se encuentran presentes dos técnicos de la empresa municipal Acemsa, que cortan el agua de la vivienda arrodillados en un pequeño sumidero de la misma acera. Tras el corte del suministro, un río de agua corre calle abajo por la cuesta Parisiana.

También trabajan durante el mismo acto tres funcionarias de disciplina urbanística y dos funcionarias judiciales. Una de estas últimas comenta con El Pueblo de Ceuta que ellas estaban encargadas de desalojar a un matrimonio que hace unos días ocupaba en alquiler la primera planta del edificio, pero que “de la gente que vivía, ya no vive nadie”: “Las personas que vivían, ya no están, el que está es el dueño”, ha comentado la empleada pública. En la planta baja también vivía “una mujer con niños” pocos días antes.

Demolición y juicio

Según la funcionaria, el propietario -“que ya no vive ahí pero la tenía alquilada entera”- “no se quiere ir”: “Hace una semana que se fueron los que vivían, y él se ha metido ahora para impedir la demolición”. El hombre “lo sabe desde 2008 y la orden de ejecución es de 2016” y, de no haberse ejecutado la expulsión, sería “la tercera vez que se suspende el alzamiento”. La técnico municipal ha concluido que la casa “la van a precintar y la van a tirar” en cuestión de horas.

En 2016, el dueño de la propiedad fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 2 de la ciudad autónoma como autor criminalmente responsable de un delito contra la ordenación del territorio tipificado en el artículo 319.2 del Código Penal por las obras realizadas en el edificio durante un allanamiento de la vivienda de un vecino que lo denunció por levantar un muro entre las dos casas para ganar espacio del pasillo común que compartían ambas. En este tiempo, alquiló dos viviendas construidas dentro de su inmueble a dos familias a las que, según informó El Pueblo de Ceuta, nunca informó del procedimiento.

“Tengo un niño discapacitado y dos niños más, y mi vecina tiene cuatro hijos”, expresaba una de las antiguas inquilinas el pasado mes de octubre a este diario. “Él no nos comentó nada, ni cuando alquilamos la casa. Me he enterado a través del juzgado”, expuso la mujer entonces.

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales confirmó también en octubre que no solo estaban “muy al tanto” de la situación de emergencia de las inquilinas, sino que se encontraban “trabajando para dar una solución habitacional a las dos familias”.

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