La Ciudad explica si Ceuta está preparada para enfrentarse a catástrofes como la DANA

No todas las autonomías españolas han hecho los deberes de reajustar sus protocolos de actuación ante catástrofes de cualquier tipo, pero Ceuta sí. Presume de ello el director general de Gobernación de la Ciudad Autónoma, Alfonso Conejo, quien ensalza el esfuerzo de todo el equipo de la Consejería liderada por Alberto Gaitán para la preparación de cada detalle que les permita anticiparse a desastres inesperados. El político ceutí garantiza que Ceuta está preparada para enfrentarse a situaciones de riesgo, como la vivida en varios puntos peninsulares -en especial, la Comunidad Valenciana- tras el paso de una destructora DANA.

“Este mismo año hemos afrontado alertas por valores intensos de viento -derivados de niveles térmicos por ola de calor- o por fuertes lluvias, que han sido solventadas sin daños de consideración, gracias a la labor preventiva y efectividad de los servicios de emergencias, y la imprescindible colaboración ciudadana”, ha relatado Conejo a El Pueblo de Ceuta. Según éste, las “principales fuentes de peligrosidad” que han amenazado a la ciudad se derivaron de “fenómenos meteorológicos adversos”, que se agrupan “en factores térmicos, hídricos, mecánicos y eléctricos, pero a menudo presentan capacidad de correlación”.

El Ejecutivo autonómico cuenta con cuatro protocolos ante emergencias, pero solo uno es el rey de la corona. El Plan Territorial de Emergencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta (PLATERCE) actúa como el “Plan Director”, el “marco regulador de toda planificación” que se elabore sobre cualquier riesgo que pueda sobrevenir en los 18,5 kilómetros cuadrados. Así lo ha explicado Conejo a El Pueblo de Ceuta, quien ha resaltado la reciente actualización y puesta a punto del documento. El PLATERCE integra otros tres planes especiales, además de los sectoriales y los de autoprotección. Los especiales se enfocan uno en los incendios (INFOSE), otro en las inundaciones (INUNCE) y un último para sísmicos (SISMACE).

La Consejería de Presidencia y Gobernación asumirá, en caso de emergencia, la responsabilidad y el control de la situación. Gaitán, como consejero, estará al mando, a través de Protección Civil, de los principales servicios implicados en la prevención y gestión de los acontecimientos. Deberá garantizarse una “coordinación inmediata y fluida” entre los servicios del 112, Policía Local, Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, y Parque Móvil. Además, mediante convenio, asumirán la dirección de voluntarios de Protección Civil, Colegio de psicólogos, o Unidad Canina. Además, al ostentar competencias sobre Relaciones Institucionales, priorizarán la relación con los órganos de la Administración General del Estado (AGE).

“A efectos de protección civil, el riesgo por inundaciones está presente en nuestro territorio”

Está “previsto”, según Conejo, que se movilicen “medios de otras comunidades autónomas” y que, incluso, se transfieran funciones a la AGE “en caso de que se declare el interés nacional provocado por la emergencia”. “Indudablemente, nuestra situación de extrapeninsularidad puede suponer un reto más para canalizar esta colaboración, pero se disponen de medios suficientes para la activación de medios a la mayor presteza”, reconoce el director general.

También admite que, dada su ubicación geográfica, Ceuta corre riesgo por fenómenos costeros de invasión de zonas terrestres, “en especial en la zona de conexión del istmo con el Monte Hacho”. “Está expuesta a inundaciones provenientes de movimientos tectónicos, como el que en el pasado provocó uno de los mayores eventos registrados en Huelva y Cádiz a consecuencia del terremoto de Lisboa”, añade.

En caso de lluvias torrenciales y riadas, hay zonas de Ceuta donde se identifica un mayor peligro, debido al relieve accidentado y con pendientes acusadas de la ciudad. “Ello incide en la configuración de la red hidrográfica, formada por numerosos barrancos y arroyos de escasa longitud o recorrido, pero gran gradiente en cuanto a las alturas de las que parten, y acusado carácter torrencial, volcando sus caudales en el litoral”, detalla Conejo. Según éste, los riesgos de mayor orden son: el arroyo de Calamocarro, el del Renegado, y el arroyo del Infierno.

El plan especial INUNCE detalla en mayor grado este riesgo, “especificando como zonas de considerable afectación Cañada Ortega al norte en la zona de Benzú, Arroyo Benítez en VillaJovita, Arroyo de las Colmenas en la zona del barrio del Príncipe, y Arroyo de las Bombas entre la zona del Barrio de El Príncipe y límite de zona neutral”. “A efectos de protección civil, el riesgo por inundaciones está presente en nuestro territorio”, continúa.

Para declarar el nivel rojo (extremo) de precipitación acumulada, según está establecido, debe llover más de 60 mm en una hora y más de 120 mm en 12 horas. “Si fuera lo suficientemente fuerte e intensa podría generar inundaciones relámpago o fast flood, con posibilidad de derivar en factores de peligrosidad para la circulación o las personas, por su capacidad de arrastre. En ese caso, son muy importantes las medidas preventivas que propicien la colaboración ciudadana”, explica Conejo.

Paso a paso

La fase previa al desastre es la de anticipación. Lo primero es alertar a las autoridades y servicios municipales implicados, mantener informada a la población potencialmente afectada, poner en disposición recursos a fin de dar una respuesta inmediata, y requerir el seguimiento de los procesos por parte de los servicios de Protección Civil, según va desgranando Alfonso Conejo. Para canalizar todas las transmisiones se constituye la Sala de Coordinación Operativa de Protección Civil (SACOP), que permanece siempre activa y centraliza cualquier información o dato.

La SACOP debe notificar al Área de Coordinación de Emergencias y Protección Civil cualquier información que reciba. Como un Boletín Informativo Especial emitido por una Red de Alerta o de Seguimiento de riesgos, o una señal emitida por los equipos de detección que se encuentren monitorizando riesgos, o si lo notifican a través de 112 o cualquier central de comunicaciones de los grupos de acción, pues SACOP dispone de comunicación permanente con las distintas fuentes de información, con enlace al resto de servicios, y con CENEM.

“Es responsabilidad del SACOP dar traslado de las alertas e informaciones precisas a los Organismos y Autoridades, centralizando y gestionando, como órgano cibernético integral, todo tipo de comunicaciones susceptibles de activar el plan de protección civil”, explica Alfonso Conejo. Si la situación se califica como Operativa 1, las funciones de dirección y coordinación se ejercen a través de Protección Civil de la ciudad, que constituye el Centro de Coordinación Operativa (CECOP). Si se gradúa como Operativa 2 la ciudad podrá solicitar la constitución de un Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), formado por la representación de la Ciudad autónoma y de la Delegación de Gobierno.

Será el Gabinete de Información el encargado de informar a la población, tras serle notificado por el SACOP. Deberá informar “de acuerdo a la gravedad del evento y de la situación de riesgo previsible, trasladando las medidas de cautela adecuadas a través de los medios locales de comunicación y las redes de comunicación social de titularidad municipal”. El SACOP notificará también a los centros, establecimientos y dependencias con obligaciones de autoprotección la existencia de una alerta frente a un riesgo, “a efectos de que dispongan la activación de sus correspondientes planes de autoprotección”.

Desde el SACOP se realizará la monitorización continua de la evolución de la situación de riesgo, trasladando dicha información al responsable del Área de Coordinación de Emergencias y Protección Civil para su evaluación, y mantendrá un canal de información continua y retroalimentación con el Centro Nacional de Seguimiento de Emergencias (CENEM) de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil.

Si se declara emergencia de interés nacional, se encomienda a la dirección, ordenación, gestión y coordinación a la persona titular del Ministerio del Interior o de la Jefatura de la UME que se determine, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley para los estados de alarma, excepción y sitio, o en la normativa específica sobre seguridad nacional.

Según las situaciones operativas, se decide la activación de los grupos de acción en la medida necesaria. El Platerce prevé la constitución de un Comité Asesor, un Gabinete de información, y diferentes Grupos de acción y de intervención, sanitario, transmisiones, seguridad, Logistico, de asistencia social, y de rehabilitación, del que forman parte los diferentes servicios. Mención aparte merece el apoyo del voluntariado de protección civil.

Los Planes

El PLATERCE fue actualizado este mismo año, tras aprobarse el documento el 11 de enero en la Comisión de Protección Civil de Ceuta, que permitió elevarlo para su homologación a la Comisión Nacional de Protección Civil, la cual “emitió un informe favorable el 21 de mayo”. “En junio se dio cuenta del mismo al Consejo de Gobierno y al Pleno de la Asamblea”, según desgrana el director general. El documento, de carácter técnico, está integrado por el conjunto de criterios, normas y procedimientos de actuación que componen la respuesta que la Administración debe dar ante situaciones de emergencia colectiva ocurridas en Ceuta.

El Plan Territorial “define los mecanismos que permiten la movilización de recursos humanos y medios materiales, para la protección de personas y bienes en caso de riesgo o catástrofe, así como la coordinación necesaria entre administraciones y entidades privadas intervinientes en la gestión de la emergencia”, según detalla Conejo. La revisión del documento se efectúa cada tres años con el fin de actualizar los datos en base a la “información territorial o el análisis de riesgos, y que sea en consecuencia, una herramienta eficaz, acorde al concepto integral de seguridad pública”.

Los planes especiales, por su parte, hacen referencia a riesgos específicos, presentan cálculos concretos del índice de cada amenaza e identifican peligros adicionales. Deben adecuarse en cuanto a fundamentos, estructura y criterios, a los requisitos mínimos que establece la Directriz básica correspondiente que aprueba el Consejo de ministros, con la finalidad de prever un diseño o modelo nacional que haga posible la coordinación de los servicios y administraciones implicadas.

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