La política toma como rehenes a los menores extranjeros

El encanallamiento de la política nacional ha tomado como rehenes a los menores migrantes que saturan los servicios de acogida de Ceuta y Canarias. La minicumbre organizada por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, celebrada el pasado jueves, concluyó en fracaso. Torres había convocado a los presidentes Juan Vivas y Fernando Clavijo y al portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, para encontrar una salida pactada a la difícil situación que se vive en la Ciudad Autónoma y la Comunidad Canaria. De nada sirvió.

Probablemente, el presidente ceutí resultó ser, de entre todos los presentes en el encuentro, el más desairado. Juan Vivas lleva meses manteniendo una actitud firme en su reivindicación de que se promueva una modificación legal que posibilite los traslados a la Península de los menores migrantes de una manera “ágil y eficaz”.

Esta postura, sin embargo, contrasta con el empecinamiento del PP, su partido, en oponerse a ese cambio de la ley. No es de extrañar la “frustración” que el propio Vivas dijo sentir a la salida de la reunión ante la falta de acuerdo.

El tacticismo de la política nacional ha convertido la situación de los menores migrantes en una herramienta de enfrentamiento para la disputa partidaria. Los perjudicados de esta ausencia de altura de miras son los menores y los territorios que los acogen sin disponer de medios suficientes para garantizar plenamente sus derechos.

El Gobierno de Canarias afronta en solitario la acogida de los 5.699 menores llegados en lo que va de año a las islas. Las autoridades canarias se han visto obligadas a improvisar recursos: de los 30 centros que estaban abiertos en enero para asistir a estos niños y adolescentes se ha pasado a los 80 actuales.

En Ceuta, la saturación de las instalaciones queda evidenciada en los datos ofrecidos esta misma semana por el Gobierno municipal. La Ciudad acoge a 428 menores extranjeros, lo que representa una sobreocupación de los recursos asistenciales disponibles del 386%. En lo que va de año, Ceuta ha recibido unos 900 niños y adolescentes migrantes, 651 más que el año anterior.

Vivas y su Gobierno llevan insistiendo desde hace meses en la necesidad de apoyar la reforma de la Ley de Extranjería por la que aboga Moncloa y a la que se opone el PP. La modificación del artículo 35 supondría que, en determinadas circunstancias, todas las comunidades autónomas estarían obligadas a acoger a los menores procedentes de los territorios con mayor presión migratoria que les fueran asignados.

El nuevo sistema permitiría derivar a otros territorios a menores acogidos en Ceuta cuando su capacidad asistencial se viera superada en un 150%, es decir, en el momento en el que el número de tutelados fuese mayor de 132. Una cifra que ya se supera holgadamente.

Frente a la reclamación de Vivas, su partido prefiere sostener un discurso de descalificación hacia el Gobierno central. A la salida de la reunión del pasado jueves, el popular Tellado sostenía que el único propósito que persigue la modificación del artículo 35 defendida por Moncloa es el de que las comunidades acaben asumiendo el coste que supone la atención de los menores hasta que cumplan la mayoría de edad. El PP insiste en que el Gobierno debe pedir el despliegue de Frontex en El Hierro y solicitar a la Comisión Europea la derivación de menores migrantes a otros países de la Unión Europea.

Argumentos de esta misma naturaleza ya fueron utilizados por el PP para justificar su oposición a la reforma de la Ley de Extranjería, contra la que ya votó en el Congreso el pasado 24 de julio. Con la pretensión de satisfacer las demandas de los populares y allanar el camino al acuerdo, el Gobierno central remitía el 12 de noviembre una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, donde detallaba las medidas activadas y coordinadas por España para la gestión de la crisis migratoria y se solicitaba a la UE los apoyos que resultasen precisos. La intención de Moncloa era empujar al PP a la mesa de negociación, ya que una de las razones esgrimidas por los conservadores para rechazar la reforma legal era, precisamente, la supuesta falta de petición de ayuda a los socios europeos.

Independientemente de los distintos enfoques que PP y PSOE puedan sostener en materia de política migratoria, existen factores externos que, para desesperación de Vivas, impiden que las dos principales fuerzas políticas españolas lleguen a un acuerdo sobre los niños y adolescentes extranjeros.

Por un lado, el PSOE pretende alimentar la idea del inevitable alineamiento del PP con Vox. Los del partido de Abascal ya han anunciado que un acuerdo de los populares con los socialistas sobre los menores migrantes tendría repercusiones sobre la aprobación de los presupuestos en varias autonomías. Hasta seis comunidades gobernadas por el PP necesitan los votos de Vox.

De otro, el PP no tiene la más mínima intención de dar un respiro al PSOE en el Congreso, precisamente ahora que el entendimiento con sus socios de Gobierno se antoja cada vez más difícil de alcanzar. Un gran acuerdo sobre los menores en la Cámara Baja sería entendido como un éxito de los socialistas.

Además, las comunidades de Madrid y Andalucía tampoco parecen tener interés en que prospere un acuerdo que les obligaría a asumir un compromiso mayor en la acogida de menores si los criterios establecidos fueran los de población o capacidad económica de las comunidades receptoras.

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