Las aduanas comerciales
El asunto de las aduanas cerradas de Ceuta y Melilla es un claro ejemplo de cómo Marruecos sigue marcando el ritmo de las negociaciones y cómo, por desgracia, el Gobierno de España se muestra incapaz de mantener una postura firme ante Rabat. Desde abril de 2022, las promesas de reapertura, tanto en Melilla como en Ceuta, parecen haberse quedado en simples palabras vacías. Los problemas técnicos que Marruecos esgrime como excusa no son más que una táctica dilatoria que, más allá de la diplomacia, refleja una falta de voluntad política por resolver la situación. Y mientras tanto, España sigue sin dar una respuesta contundente.
Es evidente que Marruecos no tiene ningún incentivo para abrir las aduanas. Ni el desarrollo económico de la región ni la necesidad de una solución real parecen ser prioridades para Rabat. Al contrario, mantener las aduanas cerradas sigue siendo una herramienta de presión estratégica, tanto para España como para la Unión Europea. Mientras tanto, el Gobierno español se muestra incapaz de poner fin a esta situación, acudiendo a un discurso de buenos deseos y promesas incumplidas.
El trato que Marruecos da a España es una clara demostración de debilidad diplomática. La falta de una respuesta firme por parte de Madrid no hace más que alimentar esta situación de subordinación. Las expectativas de que la reapertura de las aduanas sea un acto que refuerce la soberanía española sobre Ceuta y Melilla han sido sistemáticamente ignoradas por Rabat. El Reino alauí sigue sin estar dispuesto a reconocer, ni siquiera implícitamente, la soberanía de estas ciudades autónomas, y el Gobierno de España parece haber aceptado este ninguneo sin ofrecer una respuesta adecuada.
Es hora de que España cambie de postura y deje de ser un simple espectador en esta cuestión. La estrategia de la dilación que maneja Marruecos debería haber sido contrarrestada con un enfoque firme por parte de nuestro Gobierno. Sin embargo, hemos sido testigos de una gestión fallida de las relaciones con Marruecos, donde la falta de un plan claro ha dejado a Ceuta y Melilla en una situación de incertidumbre prolongada. No basta con seguir negociando “para salvar la cara” sin resultados concretos. El Gobierno tiene la responsabilidad de defender la soberanía de España y de no permitir que los intereses nacionales sean continuamente pasados por alto en aras de una relación bilateral desequilibrada. Ya es hora de que España recupere el control de la situación y exija el cumplimiento de los acuerdos firmados, sin más excusas ni dilaciones.
