El número 4 de González de la Vega guarda en paquetes “treinta años de recuerdos”

Las dos ‘Ceutas’ en una sola calle. La del plus de residencia y la de las ayudas al alquiler. La que sale de la boutique con sus compras en una bolsa de tela y la que esquiva los cristales rotos de una vivienda en ruinas. La calle González de la Vega dejará pronto de contar con la fachada centenaria vestida con una red antidesprendimientos. El inmueble del número 4, propiedad de la Ciudad Autónoma, será demolido por un coste de 195.110 euros en una fecha aún indeterminada, aunque se espera que muy próxima. Los vecinos ya ultiman el embalaje de sus vidas en cajas de cartón.

Las seis familias que habitaban el edificio municipal hasta que el pasado jueves fuera declarado en ruina técnica se dedican desde entonces a subir y bajar escaleras y a guardar todos sus recuerdos en paquetes que, desde este martes, los trabajadores de Obimace se encargarán de sacar del inmueble. Los vecinos se confiesan agradecidos a la Ciudad y al equipo -de Emvicesa y las Consejerías de Fomento y Servicios Sociales- que se encarga de buscarles una alternativa habitacional. Por el momento y durante 15 días se hospedan en el Hotel Puerta de África, a gastos pagados por la administración.

“Queremos destacar el buen trato que estamos recibiendo por parte del Ayuntamiento y del Hotel. Nos han habilitado una sala donde nos dan de comer y cenar de lunes a viernes. Son magníficos”, afirma Juan José González a las puertas del edificio en el que vive desde que hace 30 años firmara un contrato de cesión en calidad precario. A las seis de la tarde de este lunes corría el viento en González de la Vega. Los comercios lucían sus decoraciones navideñas y, en mitad de la calle, junto a uno de los árboles de hojas plateadas y luminosas instalados por el área de Fiestas con motivo de las fechas señaladas, una casetilla portátil rompía con el estilo del céntrico lugar.

Unas vallas amarillas unidas por el precinto de la Policía Local rodeaban la fachada del inmueble público, y un operario de Amgevicesa cumplía con su turno de vigilancia anti ocupación. El edificio estará vigilado las 24 horas del día durante la próxima semana, para evitar la entrada de cualquiera sin autorización. Por cada casa solo se han concedido dos permisos, y ahora los vecinos ruegan a la Ciudad que amplíen las autorizaciones, para agilizar el trámite del desalojo.

“A partir del martes vienen los de Obimace a llevarse nuestros paquetes y nuestros muebles. Que quede claro que necesitamos algo más de tiempo o, si nos dan hasta el miércoles, más manos. Por favor, que nos dejen llevar un acompañante por autorizado. Si no, imposible. Son 30 años de recuerdos”, manifiesta María Muñoz, que vive en el inmueble desde hace 30 años, y su madre, Mercedes, 50. La Ciudad les ha dado de plazo máximo el miércoles para terminar de extraer todas sus pertenencias.

La situación se agrava para aquellas personas con problemas de movilidad, edad avanzada y enfermedades varias. Es el caso de María Jesús Córdoba, con 62 años y un 80% de discapacidad. Le han diagnosticado fibromialgia, apnea del sueño, diabetes, hipertensión, falta de hierro, colesterol y problemas vasculares. Le han colocado placas de titanio y padece de depresión crónica desde 1997, cuando murió su hijo, quien, con 16 años, no logró superar un cáncer de hueso. Ella tampoco lo superó nunca.

Córdoba no puede coger peso, por lo que el empaquetado y embalaje de todas sus cosas se le está haciendo cuesta arriba. Nadie puede ayudarla porque tan solo ella está autorizada a entrar en su casa, y la Ciudad no permite que cada vecino con permiso lleve a un acompañante que le ayude. “Por favor, solicito que me manden a alguien para que me ayude”, ruega.

Una vivienda digna

En paralelo al trabajo de Emvicesa y la Consejería de Fomento en lo que se refiere al edificio, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, a cargo de Nabila Benzina y con Adela Nieto como directora general de la segunda parcela, se encuentra en busca de soluciones para que las familias no se queden en la calle. Hasta el momento tan solo han hallado alternativa para María Jesús Córdoba, debido a su edad y discapacidad.

La mujer pasará a habitar una de las viviendas de Padre Feijóo, destinadas a personas mayores de 65 años. En su caso, pese a no haber alcanzado la edad mínima, su porcentaje de discapacidad le permite ser beneficiaria del inmueble.

El resto se encuentra “a la espera”. La Consejería no solo les ha prometido ayudas para el alquiler -a aquellos que cumplan con los requisitos-, sino que, además, se está encargando de buscar los pisos, debido a la dificultad de hallar apartamentos accesibles. “Estamos muy agradecidos, pero pedimos algo de tiempo, o que nos permitan entrar con acompañantes. Son pocas manos para todo lo que tenemos”, pide María Muñoz, que insiste en que “son treinta años de recuerdos”.

Fue el pasado miércoles, día 11, cuando los vecinos recibieron la llamada de la Ciudad notificándoles la resolución de los informes técnicos, que exponen que el edificio presenta daños “de carácter irreversible” llegando a implicar “un peligro real para las personas”. Según los ocupantes, la Ciudad les relató que, tras realizar una cata para comprobar el estado de la estructura del edificio, descubrieron que una reciente filtración de agua estaba calando en los cimientos, y que las vigas habían comenzado a descomponerse.

Es por esto que el decreto firmado por el consejero de Fomento, Alejandro Ramírez, pedía el desalojo inmediato. Cuando no quede nada dentro del edificio, se llevará a cabo un apuntalamiento “urgente” de todos los forjados y balcones para garantizar la seguridad de los operarios que trabajen en la posterior demolición y evitar vibraciones o concentración de cargas. El coste estimado del apuntalamiento asciende a 53.485 euros.

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