El dinero, ¿mejor en el bolsillo del contribuyente?

Miguel Ángel Pérez Triano

La semana pasada el Partido Popular y Junts llegaron a un acuerdo para tumbar el impuesto del 7% a las eléctricas que supone para la Administración una recaudación de más de 1000 millones de euros. Parece ser que los populares ya no son tan reticentes a sentarse con los nacionalistas catalanes, y no se sabe si han abierto la puerta a otros pactos similares o de más envergadura en el futuro.

El argumento de la derecha es que la eliminación del tributo supondrá un importante ahorro para las familias españolas, unos 400 millones de euros, según ha anunciado el portavoz del PP, sumado a 500 millones para las pymes y 200 millones para la industria. Según cálculos del Gobierno la recaudación alcanza algo más: unos 1500 millones de euros.

Aunque pudiera sonar bien que la eliminación de este impuesto reducirá la factura de la luz de los españoles, la realidad es que no va a ser así. La mayor parte de ese dinero se utiliza para pagar la deuda millonaria que tiene el Estado con las eléctricas desde hace años. La supresión del tributo no lleva aparejada la de la deuda, que, obviamente, se tendrá que seguir pagando.

Este déficit se ha visto reducido a 7000 mil millones de euros gracias a los 1500 millones de euros anuales que se recaudan a través del tributo, y si este desaparece los consumidores verán repercutida la deuda en la parte fija de su recibo de la luz. La nueva ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico lo explicó hace unos días en el Congreso.

La medida todavía no está aprobada y tendrá que ser debatida en la Cámara Baja, pero deja entrever claramente las diferencias ideológicas del arco parlamentario (con la excepción de ERC). Aunque no parece que la eliminación del impuesto vaya a tener los efectos deseados, la derecha aplica su viejo mantra: el dinero, mejor en el bolsillo del ciudadano. Hay que reconocer que es una frase exitosa por la inmediatez de la propuesta, pero entonces, ¿cómo se sostienen los servicios públicos? La respuesta es simple: recortando.

Un ejemplo de ello es la Comunidad de Madrid, donde las políticas neoliberales campan a sus anchas, combinando baja carga impositiva (es la que menos recauda con impuestos propios) con baja inversión en Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Bajar impuestos y desmantelar los servicios públicos, como en la Argentina de Milei o la Comunidad de Madrid de Ayuso, es brutal para los sectores más vulnerables de la población y beneficioso para las clases altas. No debe sorprender a nadie, es su modelo ideológico.