El juez Peinado

Óscar López, ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, acusó hace unos días al juez Juan Carlos Peinado de “prevaricar” y “mentir” en sede judicial. Visto así, sin ninguna explicación, puede parecer fuerte y un ataque a la independencia judicial, pero intentemos poner algo de luz en los hechos.

En el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, que el señor Peinado instruye, se citó a declarar como testigo a Juan José Güemes (ex consejero de la Comunidad de Madrid en la etapa de Esperanza Aguirre), vicepresidente de Asuntos Económicos de la institución privada que contrató a la señora Gómez. Al ser preguntado sobre si la motivación para contratarla era su condición de esposa del presidente, el señor Güemes contestó negativamente. La conversación discurrió en los siguientes términos:

Juez Peinado: “La directora de Recursos Humanos manifestó en esta sede que fue usted quien le dijo que había que formalizar el contrato y que la razón o la motivación en concreto, utilizó el término motivación, fue por ser el presidente del Gobierno. ¿Eso es así o se requiere una diligencia de careo? Dígame, contésteme”.

Güemes: “Es cierto que di la instrucción a doña Sonsoles Gil de Antuñano de formalizar el contrato porque era su superior jerárquico y quien podía darle esa instrucción. Desde luego no se contrató a doña Begoña Gómez por ser presidente del Gobierno”.

Esta supuesta contradicción del vicepresidente del instituto con la directora de Recursos Humanos es lo que lleva al juez a cambiar la condición de testigo de Güemes. ¿Pero qué declaró la señora Gil de Antuñano? Es fácil de comprobar, puesto que varios medios han tenido acceso a las grabaciones. Explicó que lo que estaba motivado por ser la esposa del presidente era la inclusión de una cláusula, por si hubiese conflicto de intereses, pero siempre argumentó que su contratación se debió a su currículum.

Por lo tanto, el magistrado puso en boca de una testigo palabras que no había dicho para imputar a otro. Tergiversó su declaración para llevar al límite al señor Güemes, que solo corroboró la versión de su subordinada.

Ahora sí podemos juzgar si esta manipulación de una declaración merece las palabras “prevaricación” o “mentir” en sede judicial, tal y como expresó el ministro. Desde luego no parece muy ético ni imparcial, y ya veremos si tiene consecuencias.