¿Cómo acceder a la ayuda de 1.448 euros al mes de la Seguridad Social? Requisitos y detalles

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Esto permite a las familias y personas en riesgo de exclusión social contar con un apoyo sostenido en el tiempo, hasta que su situación económica experimente una mejora

FOTO E.P.
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La Seguridad Social cuenta con una prestación económica destinada a combatir la pobreza y la exclusión social, el Ingreso Mínimo Vital (IMV). A diferencia de otras ayudas que tienen una duración limitada o se otorgan en un único pago, el IMV puede cobrarse de manera indefinida, siempre que la situación económica del beneficiario o unidad de convivencia no mejore.

El IMV es una ayuda no contributiva diseñada para garantizar unos ingresos mínimos que permitan a las personas cubrir sus necesidades básicas. Está dirigida a hogares con recursos económicos insuficientes, asegurando un salario mínimo mensual que actúa como un escudo contra la precariedad.

Aunque la cuantía máxima de la prestación puede alcanzar los 1.448,90 euros mensuales, esta cantidad no es fija. El monto a recibir depende de varios factores, como el número de personas que forman la unidad de convivencia o los ingresos totales de dicha unidad.

De esta forma, se ajusta a las necesidades específicas de cada hogar para garantizar una distribución justa y eficiente de los recursos. El acceso al IMV está condicionado a ciertos requisitos, entre los que destacan pertenecer a una unidad de convivencia cuyos ingresos estén por debajo del umbral establecido por la Seguridad Social, no poseer un patrimonio que supere los límites fijados en la normativa vigente o residente legal en España y cumplir con el periodo mínimo de residencia exigido.

A diferencia de otras prestaciones económicas, el IMV no tiene un plazo de caducidad determinado, siempre que se mantengan las condiciones que motivaron su concesión. Esto permite a las familias y personas en riesgo de exclusión social contar con un apoyo sostenido en el tiempo, hasta que su situación económica experimente una mejora.

El IMV no solo busca proporcionar un alivio económico inmediato, sino también garantizar una red de protección básica para los hogares más vulnerables. Según fuentes oficiales, esta prestación es un paso clave para reducir la pobreza estructural en España y fomentar la inclusión social de las personas más desfavorecidas.

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