Decenas de personas vuelven a pedir “justicia” para las víctimas del 6-F

Decenas de personas volvieron ayer a recorrer la distancia entre la Plaza de los Reyes y la valla fronteriza de El Tarajal con el objetivo de pedir “reparación y justicia” para las víctimas mortales de la tragedia del 6 de febrero de 2014.

Los actos comenzaron en el IES ‘Abyla’, con una mesa redonda que contó con la moderación de Patricia Fernández, abogada de una de las entidades implicadas en la organización del evento. Ya a mediodía, comenzaba la marcha desde la Plaza de los Reyes con consignas ya conocidas como “Tarajal no olvidamos”, “Esa valla va a caer” o pancartas contra la denominada Europa fortaleza y la política migratoria tanto de España como de la Unión Europea, recalcándose que sólo durante 2024 murieron diez mil personas en la ruta entre África y la Península o las Islas Canarias.

La marcha, sin ningún tipo de incidentes, contó con varias paradas de rigor para hacer homenajes a las personas fallecidas en la mañana del 6 de febrero de 2014, cuando quince personas perdieron la vida en el intento de acceder a nuestro país.

Como siempre, el evento finalizó con la lectura de un manifiesto. “En esta playa, 14 personas murieron ahogadas mientras la Guardia Civil les disparaba balas de goma y gas lacrimógeno para evitar que llegaran a la costa. 23 personas fueron devueltas a Marruecos desde la misma playa y sin acceso a ningún procedimiento formal. A lo largo de estos años y a pesar de las denuncias, no se ha hecho justicia, no se han depurado responsabilidades y no se ha reparado a las víctimas ni a sus familias”, decía un texto leído en varios idiomas.

Después de 11 años, “el procedimiento judicial sigue pendiente de amparo ante el Tribunal Constitucional, quien admitió a trámite el recurso de amparo en junio de 2023. Confiamos en que el Tribunal Constitucional reconozca que se han violentado derechos fundamentales de las víctimas y de sus familias, y que se haga justicia”.

El manifiesto cargó contra las políticas migratorias, “que se ven se ven reforzadas por los discursos de odio y el racismo institucional que legitiman y permiten que las violaciones de los derechos en la frontera queden impunes. Estas políticas migratorias invisibilizan y criminalizan a las personas migrantes y refugiadas que llegan a España, negándoles una acogida digna y el reconocimiento de su dignidad como personas”.

Los manifestantes denunciaron “La falta de una voluntad política real para garantizar una acogida digna a las personas migrantes y refugiadas que llegan hasta España tras rutas muy violentas y mortíferas, sometidas a malvivir en recursos y espacios precarios que no reúnen condiciones dignas y agravan más las heridas físicas y psicológicas de la ruta”, pero también ““Pacto Europeo de Migraciones y Asilo”, incompatible con los derechos humanos que provocará que tragedias como la del Tarajal y la Masacre de Melilla sigan repitiéndose.

Por ello, exigieron que elEstado “asuma su responsabilidad sobre las muertes en las fronteras, como las de la Tragedia del Tarajal y las de la Masacre de Melilla, repare a sus víctimas y establezca mecanismos para salvaguardar las vidas en las fronteras”

Además “una mejor gestión de los recursos y presupuestos públicos, invirtiendo en máspolíticas sociales que ofrezcan una acogida digna para todas las personas migrantes y refugiadas”. Los manifestantes exigieron “que se garantice el acceso efectivo al derecho a asilo a todas las personas que lo soliciten tanto dentro como fuera del territorio español, garantizando su protección y el respeto a sus derechos”, y que se ponga fin “a la externalización de las fronteras y se prioricen acuerdos que garanticen los derechos humanos. Que estos acuerdos estén sujetos a evaluaciones públicas y que secreen mecanismos de transparencia que cuenten con la participación de las ONGs”, concluyó.

El largo, y tortuoso, recorrido judicial de la tragedia de El Tarajal

Casi desde el mismo momento en que se produjeron los hechos, comenzaba a investigarse el caso en una ‘dimensión paralela’: los juzgados.

Días después, comenzaron a declarar en el Palacio de Justicia los agentes de la Guardia Civil implicados en la tragedia. El 15 de octubre de 2015 se produce el primer sobreseimiento, por parte del Juzgado.

Sin embargo, el 13 de enero de 2017 se admiten los recursos por parte de la Audiencia Provincial de Cádiz, que ordena volver a investigar las muertes de aquella mañana. Estos recursos son, de nuevo, rechazados el 27 de enero del año siguiente. Días más tarde, otro recurso ‘mantiene’ el caso con el testimonio de una de las personas supervivientes.

Ello motiva que el 31 de agosto de ese año quede reabierto el caso por parte de la Audiencia Provincial de Cádiz. Sin embargo, y pese a que en septiembre del siguiente año los dieciseis agentes son procesados -entre otras cuestiones, según la jueza, por denegación de auxilio- la aplicación de la ‘Doctrina Botín’ (si no se acusa por parte de Fiscalía, se archiva el caso) motiva el cierre del mismo.

Pero fue un archivo provisional, de nuevo. Tras rechazarse todos los recursos en julio de 2020, las asociaciones implicadas presentan un recurso de casación ante el Supremo en agosto de ese mismo año.

En mayo de 2022, el Supremo rechaza ese recurso de casación, siguiendo las entidades con su camino de recurrir. El siguiente paso sería un recurso de amparo ante el Constitucional, admitido a trámite en junio de 2023. En ese recurso, al menos en España, se detiene de momento el recorrido judicial.

Decimos al menos en España porque dos de los supervivientes han presentado demandas ante el Comité de Tortura de las Naciones Unidas. La última fue formulada ante la sede de Ginebra el pasado jueves, coincidiendo con el undécimo aniversario de la tragedia.

Sigue el canal de El Pueblo de Ceuta en WhatsApp. Pincha aquí, dale a SEGUIR y encontrarás toda la actualidad informativa de la jornada ceutí