La sentencia de la macrocausa por blanqueo no se conocerá al menos hasta después de verano

“Al menos hasta octubre no habrá que empezar a preguntar por la sentencia”, ha señalado a este diario una fuente judicial autorizada en la macrocausa por blanqueo relacionado con el narcotráfico que se juzgó en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta durante octubre, noviembre y principios de diciembre de 2024. La dilación en conocerse el fallo, que podría ser de un año, convierte el caso no solo en uno de los más extensos en número de vistas o pruebas testificales, sino también en uno de los más “complejos” de estudiar en la historia de los tribunales de la ciudad autónoma.

“Como el ‘caso Emvicesa’ no, pero parecido”, ha comparado la misma fuente, una equiparación que obliga a pensar que el fallo de la macrocausa por blanqueo puede tardar en llegar un año: la última vista del ‘caso Emvicesa’ tuvo lugar el 13 de diciembre de 2023, mientras que la sentencia fue publicada el 11 de diciembre de 2024, un documento que casi alcanzó las 900 páginas y que fue emitido 364 días después de haber quedado este macrojuicio visto para sentencia.

La citada dilación también responde a varios factores que a principios de enero señaló a este diario el presidente de la Audiencia Provincial en Ceuta, Fernando Tesón; factores que harían de este 2025 el año más complicado para este organismo desde su creación en 1998.

Entre otras circunstancias que ralentizan los procesos jurídicos de 2025 y que apuntó el magistrado estaba precisamente “la incidencia” de los dos citados macrojuicios, que han ido lastrando desde finales de 2023 el trabajo de la Sección que dirige. Además señaló una “avalancha” de litigios civiles relacionados con los derechos de los consumidores frente a los bancos -ya que el órgano es mixto y se encarga tanto del derecho penal como del civil- y la falta entonces de un magistrado suplente para la descarga de trabajo de los tres actuales titulares.

De la misma manera, otros dos factores de la mencionada ralentización de las labores del máximo organismo judicial en Ceuta son heredados de años anteriores y están relacionados con la digitalización y la evolución de la justicia. Por un lado, una “mejorable” gestión del expediente digital, con el que trabajan los funcionarios en los juzgados desde 2016, y por otro la llamada nueva oficina judicial, implementada en 2013 y que según Tesón ha supuesto “un retroceso”.

Estas circunstancias llevaron al juez a reconocer entonces que la Sección VI se está enfrentando a una “importante crisis de carga de trabajo” que nunca antes se había dado en los tribunales ceutíes.

Más de 10 años de prisión

Las sesiones del macrojucio por blanqueo tuvieron lugar en la Audiencia Provincial desde el martes 1 de octubre de 2024, cuando las partes expusieron las cuestiones previas, hasta el lunes 2 de diciembre del mismo año, día en el que 12 de las 13 personas acusadas pudieron ejercer su derecho a la última palabra. Una de ellas fue apartada del juicio en la primera vista por razones humanitarias a raíz de una enfermedad incapacitante.

Esta docena de personas sentadas en el banquillo están acusadas de un delito de blanqueo de capitales y de otro de pertenencia a organización criminal. La Fiscalía ha solicitado para las más implicadas en la supuesta trama más de diez años de prisión sumando ambos cargos, si bien en la última sesión del macrojuicio el Ministerio Público no se opuso a la suspensión de la pena privativa de libertad para aquellas que obtuvieran una condena igual o inferior a los dos años de cárcel. Esta libertad condicional dependería de que no delinquiesen en los próximos cinco años a partir de que les sea comunicada la sentencia.

Del tráfico al ‘petaqueo’

La macrocausa por blanqueo de capitales derivado del narcotráfico es la mayor juzgada en la historia de los tribunales de Ceuta por estos delitos, y nace a partir de las diligencias previas de otro operativo de investigación policial llevado a cabo en su fase de instrucción por el Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico (OCON-Sur) de la Guardia Civil, una unidad extinta en 2022.

La “causa matriz” en la que estaba al frente la OCON-Sur investigaba un supuesto delito contra la salud pública en el que habrían incurrido principalmente los varones acusados en el posterior macrojuicio sobre el blanqueo de capitales, pero finalmente esta primera fue sobreseída por falta de pruebas al no encontrarse rastro de ningún alijo de hachís, la droga con la que aún se sospecha que los acusados traficaban.

A pesar del mencionado sobreseimiento, algunas de las pruebas presentadas durante el proceso de instrucción de la investigación del delito contra la salud pública las ha heredado esta segunda causa, y eso ha permitido que la Guardia Civil obtuviera los permisos requeridos para realizar intervenciones en los teléfonos de los acusados o colocar dispositivos de geolocalización en las embarcaciones implicadas, entre otras medidas por las que protestó la defensa en las cuestiones previas.

A partir de estas pruebas, la justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estuvieron investigando a los mismos acusados y a su círculo familiar más cercano desde 2018 hasta la explotación del dispositivo en 2019.

Si bien no se pudo incautar droga, la Fiscalía sostiene que la supuesta organización criminal se dedicaba a suministrar víveres como gasolina, comida y agua a embarcaciones de otros narcotraficantes en el Estrecho; una acusación sustentada por diversos vídeos del Puerto Deportivo en los que se ve a algunos de los investigados acarreando petacas -supuestamente llenas de combustible- hacia el interior de una de las citadas embarcaciones.

Además de las 12 personas acusadas y de la mujer apartada en el primer día del juicio, el Ministerio Público ha encausado a otros dos hermanos fugados de la justicia desde la explotación de la investigación en 2019: A.D.P. y F.J.P., siendo este último el presunto cabecilla de la trama de blanqueo de capitales por los bienes adquiridos con ese “dinero sucio”.

Más de 50 declaraciones en más de una decena de sesiones del macrojuicio

El juicio por blanqueo juzgado a finales del año pasado en la Audiencia Provincial es una de las causas más complejas que el organismo ha enfrentado también por el número de pruebas testificales que se efecturaron durante las más 10 de sesiones que duró.

Al principio del macrojuicio prestaron declaración dos testigos-peritos instructores de la investigación, uno de los cuales también volvió a declarar en las últimas jornadas en el turno del peritaje. Además de otro experto propuesto por la defensa, testificaron más de treinta efectivos de la Guardia Civil, lo que dejó patente la cantidad de medios y tiempo invertidos en la investigación. También prestaron declaración testigos puntuales relacionados con los acusados, así como la propia docena de personas investigadas.

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