Ceuta suscribe las quejas de los jueces por la nueva norma sobre delitos contra la libertad sexual

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Ceuta, Sara López, suscribe cada palabra expuesta en un documento firmado por 135 jueces que, como ella, ostenta las competencias en materia de Violencia sobre la Mujer. En el texto publicado este lunes advierten del “colapso total” al que se verán sometidos sus tribunales a partir de octubre de 2025, cuando entrará en vigor una norma que les obligará a asumir los delitos contra la libertad sexual. Es decir, todos los delitos sexuales de los que sean víctimas las mujeres, sean o no cometidos por sus parejas o exparejas.

López no pudo firmar el documento al encontrarse fuera de España en el momento preciso, pero asegura apoyar a sus compañeros. No solo por ser consciente de que todos los juzgados con materia en violencia de género están saturados, sino porque el suyo se encuentra a la cabeza nacional en cuanto a número de procedimientos, solo superado en 2023 por Baleares, Navarra y Cataluña. Hasta octubre, los delitos contra la libertad sexual son enjuiciados por el juzgado que estuviera de guardia cuando se efectuó la denuncia.

Con la unificación de los delitos contra la libertad sexual de la mujer, cometidos o no por compañeros sentimentales, el Gobierno pretende especializar por completo los órganos a cargo de juzgar la violencia contra las mujeres. Para garantizar que las víctimas sean tratadas por magistrados con experiencia en la materia, que ofrezcan un “trato adecuado”. Pero los jueces firmantes del documento reprochan que en los últimos 20 años “se ha aumentado progresivamente y exponencialmente el tipo de delitos sin que este aumento haya ido acompañado de una correlativa ampliación del número de Juzgados”.

Para Sara López, su esperanza reside en que los otros cinco juzgados de Ceuta, que se desprenderán del peso de la violencia sexual, a su vez, asuman otros delitos de los que se pueda despojar al Nº4. Actualmente, se encuentran en “trámites” de negociación, para acordar cómo proceder, con el fin de que no recaiga sobre el suyo más peso del que ya tiene. Además, López cuenta con el apoyo de la jueza de adscripción territorial, que va rotando entre juzgados en función de su saturación, para reforzarlos. “Ahora se le ha designado sustituir únicamente en violencia porque se ha visto que es el más sobrecargado”, informa la jueza.

La nueva norma

Las nuevas competencias que tendrán los juzgados de Violencia sobre la Mujer incluyen todos los delitos sexuales. Agresiones, pero también la trata, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados y el acoso sexual. En el texto firmado por 135 jueces recuerdan que, según los cálculos del Ministerio de Justicia, esto supondrá un aumento de al menos el 20% en su carga de trabajo. Se trata de una reforma de las que se denominan “a coste cero”, es decir, sin dotación presupuestaria.

La norma fue publicada el 3 de enero de 2025, bajo el nombre de Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Es en su artículo 89 donde se explicita la atribución a las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los delitos contra la libertad sexual previstos en el título VIII del libro II del Código Penal, así como por los delitos de mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual, cuando la persona ofendida por el delito sea mujer, para dar cumplimiento a la disposición final vigésima de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la Libertad Sexual, en relación con la especialización en violencias sexuales.

La Ley establece que el Gobierno trabajará para que las secciones “tengan los medios suficientes para responder” al aumento de sus competencias. Sin embargo, según pone de manifiesto el centenar de jueces y juezas en el documento publicado el lunes, las peticiones de dotación de más medios personales y materiales son trasladadas al Ejecutivo central “desde hace años”, sin que estas “hayan sido atendidas”. “La mayoría de estos órganos trabaja con una absoluta precariedad de medios”, lamentan.

Además, critican que el Gobierno no informa a la ciudadanía de que “ese 20% de carga adicional se incardina en una materia que exige múltiples actuaciones inmediatas y urgentes, como entradas y registros e intervenciones telefónicas, por parte de unos Juzgados que, en su gran mayoría, no prestan servicio de guardia, –lo que significa que deben realizarse al tiempo que se celebra una vista de divorcio, una declaración testifical o un juicio de tráfico, por ejemplo-”.

Informan de que tan solo en cinco partidos judiciales -Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga y Valencia-, las secciones de Violencia sobre la Mujer funcionan con servicio de guardia igual que un Juzgado de Instrucción. En el resto de 91 órganos exclusivos de este tipo de violencia, se resuelven todos los asuntos durante la mañana, además de los asuntos civiles de familia -separaciones, divorcios, filiaciones…-. Pero la situación más acuciante y en la que se enmarca el Juzgado Nº4 de Ceuta es la de los 348 Juzgados no exclusivos para los que la Violencia sobre la Mujer es solo una de las competencias. Y, para colmo, sin prestar servicio de guardia.

En el texto manifestaron también que, además de tener que asumir progresivamente todos los delitos contra la mujer por el hecho de ser mujer, se les atribuyen también las competencias de la violencia hacia los hijos e hijas de las víctimas de violencia de género, no sólo la violencia directa, sino también la instrumental, la denominada violencia vicaria.

Para los jueces firmantes del documento, esta Ley Orgánica provocará “un significativo paso atrás en la lucha contra la violencia de género, que puede generar espacios de desprotección y riesgo para las mujeres víctimas de dicha violencia y sus hijos e hijas, ante la imposibilidad material de poder atender de manera pormenorizada y detallada cada asunto civil y penal”.

“Quienes desempeñamos nuestra labor en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con una implicación que traspasa lo meramente profesional, para acompañar a las víctimas y a sus hijos e hijas en el largo camino que se inicia con la denuncia, consideramos de suma importancia que la ciudadanía, y singularmente las mujeres que necesitan de un sistema judicial eficaz para encontrar una salida a la tiranía de la violencia, conozcan el desolador y peligroso escenario que se vislumbra con la nueva asunción de competencias que está previsto se produzca a partir del 3 de octubre de 2025”, concluyen.

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