Una joven con hongos espera desde hace seis meses una cita con el dermatólogo

SANIDAD

En septiembre de 2024 fue derivada al especialista por su médico de cabecera, en el Tarajal, pero no le dieron cita porque había mucha demora y aseguraron que ya la llamarían

Hospital Universitario de Ceuta. / FOTO EL PUEBLO
Hospital Universitario de Ceuta. / FOTO EL PUEBLO

Yusuf tiene 17 años y hongos en los brazos y las piernas que le provocan picores y segregan líquidos. Hace días que no puede dormir por las noches. A las seis de la mañana la desvela un hormigueo insoportable. El problema cutáneo ha derivado en otro de insomnio. No le dan cita con el especialista y, mientras tanto, su médico de cabecera solo puede aliviar los síntomas a través de pastillas y cremas “que no sirven para nada”. Se ve obligada a consumir protectores de estómago debido a la cantidad de fármacos que ingiere. Sigue esperando la llamada prometida por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).

En septiembre de 2024, la joven se trasladó al Centro de Salud del Tarajal para mostrar las irritaciones en su piel a su médico de Atención Primaria. El doctor intuyó que se trataba de hongos, pero, debido a la extrañeza de sus marcas, quiso derivarla al servicio de Dermatología para lograr un diagnóstico riguroso. Con el volante en mano, Yusuf solicitó fecha y hora para la cita con el especialista. Como suele suceder en Ceuta -en base a las decenas de relatos de pacientes-, apuntaron sus datos y pronunciaron las palabras clásicas: “ya te llamaremos”.

“Me dijeron que las citas con el dermatólogo están tardando mucho”, explica la paciente afectada por el cierre de agenda de Dermatología. El servicio ha estado limitado a un solo especialista durante un largo período de tiempo, desde que el facultativo Abdelhakim Abdeselam paralizara su trabajo en el Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) tras ser elegido senador de Ceuta por el Partido Popular. Actualmente cuentan con dos especialistas.

Yosuf se queja, además, de que no quisieran indicar en su volante que la cita con el dermatólogo es “urgente”. “Dice que no lo ve urgente, pero yo lo estoy pasando mal. Como él no tiene lo que tengo yo, ni su hijo ni su familia, pues no es urgente”, reprocha. Ya en enero de 2025, tres meses después de solicitar la cita por primera vez, regresó a la consulta de su médico de cabecera, debido a que los síntomas se habían agravado, y éste volvió a expedirle un volante. Volvió a vivir la misma escena de septiembre, y sigue a la espera.

No se ha planteado acudir a Urgencias, ya que su mismo médico le aconsejó que no lo hiciera, puesto que la única solución a su problema es lograr obtener un diagnóstico, lo cual solo puede pasar por las manos de un especialista. “Es una vergüenza que lleve seis meses para que me llame un dermatólogo. Ciudadanos que están pagando impuestos, que tienen sus derechos…”, lamenta.

Hasta el momento, no ha interpuesto una reclamación oficial al INGESA, no sabe si servirá de algo. En una conversación con este diario, el abogado del Sindicato Médico de Ceuta (SMC), José Vázquez Ávila, confirmó que el cierre de agendas -y, como consecuencia, que no se den citas- es una “situación recurrente”, especialmente durante los periodos vacacionales. Las administraciones gestoras de los sistemas de salud públicos lo hacen para que las listas de espera no se saturen.

Esta situación no conllevaría “nunca” un delito de denegación de auxilio, ya que existen las Urgencias, “pero sí es una infracción de la Ley de Transparencia, además de un falseamiento de los datos”. Para que la situación mejore, el abogado recomienda que se reclame.

Toda persona que vaya a hospital a pedir una cita con el especialista, volante en mano, y no sea incluida en una lista -es decir, que no le den fecha y hora de la cita-, en lugar de “irse a casa” debería poner una reclamación “en ese mismo momento”.

Además de esta vía, la única forma de que esta situación sea visibilizada es “acreditar un daño a la administración”. El hecho de que esté cerrada, en sí, “es una infracción de la normativa, pero no origina un daño”. El daño debe ser acreditado “a nivel personal”. Como consecuencia de estos daños producidos por la “espera interminable”, la persona “tiene derecho a reclamar económicamente a la administración”.

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