La Ciudad teme que una reforma legal dilate la estancia de los menores en Ceuta

Las autoridades municipales han mostrado su “inquietud” ante la posibilidad de que la modificación legal que el Gobierno central auspicia para cambiar el sistema de determinación de edad de los menores migrantes pueda traducirse en una demora de los procedimientos. “Hemos transmitido al Ministerio nuestra inquietud acerca de la agilidad con la que se pueda realizar la determinación de la edad en el ámbito judicial: esta es nuestra mayor preocupación”, ha asegurado a El Pueblo el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán.

La reforma, impulsada con el propósito de ampliar las garantías de los derechos de los menores, persigue la judicialización de un procedimiento que hasta ahora tenía carácter administrativo y que quedará en manos, prioritariamente, de los juzgados de familia. “Esperemos que se articulen mecanismos para que la agilidad no se resienta”, continúa Gaitán. A la espera de que se conozca cómo quedará la regulación definitiva del sistema, el consejero ceutí ha solicitado que, en todo caso, la Administración central disponga los recursos que resulten necesarios.

Gaitán hacía estas consideraciones después de que el Congreso de los Diputados desestimara ayer las enmiendas de devolución con las que el PP y Vox pretendían frenar la reforma del sistema. Las enmiendas han sido rechazadas por 170 votos a favor y 176 en contra, por lo que la reforma continúa su tramitación parlamentaria.

En el transcurso del debate, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a Ceuta, Melilla y Canarias como territorios receptores de los flujos migratorios. Precisamente, la intención del ministro era la de exorcizar el temor de que un sistema más garantista suponga ralentizar los procesos de distribución de los menores a otras comunidades.

“El Gobierno es consciente de que la nueva regulación puede generar inquietud en los territorios con una especial presión migratoria en la creencia de que pueda darse una mayor demora en los tiempos de gestión”, ha reconocido Bolaños antes de asumir el compromiso de que los procedimientos judiciales serán “ágiles” y de que se atenderán las consideraciones que puedan plantear los territorios concernidos. El ministro ha asegurado que se dotará de recursos suficientes a la Administración de Justicia para evitar dilaciones injustificadas en los trámites de determinación de edad.

Bolaños ha asegurado no entender los argumentos con los que PP y Vox justifican la presentación de las dos enmiendas a la totalidad con las que pretendían impedir la reforma legal. “El debate de fondo nos remite al núcleo más fundamental de la democracia, que son los derechos -ha sostenido el ministro- Lo contrario es la exclusión, el intento de exclusión, incluso la crueldad con quienes son los más desprotegidos, que son los menores”.

El contenido de la reforma

La reforma que el Gobierno central impulsa se configura en torno dos proyectos de ley aprobados por el Consejo de Ministros el pasado noviembre. El primero de ellos reserva el proceso a los juzgados de familia. En ausencia de estos, la competencia sería asumida por el juzgado al que por turno correspondiera.

La regulación insiste en la preservación del derecho del menor a ser oído y el mantenimiento del principio de la presunción de minoría de edad. Además, se establece la prohibición de las pruebas invasivas y los desnudos integrales. La norma garantiza la asistencia jurídica gratuita y los servicios de un intérprete.

El proceso solo podrá promoverse cuando quien se diga menor de edad no disponga documentación o existan dudas que permitan impugnar su validez.

El segundo proyecto de ley sancionado por el Gobierno contempla el caso de aquellas personas que hayan participado en la comisión de un delito y cuya minoría de edad esté en duda. En estas circunstancias la competencia recaerá sobre el Juzgado de Menores.

PP y Vox, contra la reforma

La reforma legal promovida por el Gobierno central ha encontrado hoy el rechazo frontal de las fuerzas conservadoras del Congreso. PP y Vox escenificaban su oposición en la Cámara cuestionando la eficacia del nuevo procedimiento.

“El procedimiento no tiene plazos ciertos ni reales, no delimita las actuaciones ni dispone de financiación para sustanciarlo”, ha argumentado la diputada popular Sofía Acedo. La parlamentaria melillense ha alertado de la sobrecarga que puede acabar ocasionándose a los sistemas de protección autonómica y ha subrayado la necesidad de dotar a los juzgados de familia de mayores medios para desarrollar esta labor.

Las censuras a la modificación legal también también han encontrado eco en los escaños de Vox. Su diputado Francisco Javier Ortega Smith ha llegado a calificarla de “reforma trampa” que busca retrasar los mecanismos de determinación de la edad de los menores migrantes para demorar los expedientes de repatriación. “El resultado actual de esos procedimientos ha supuesto que tres de cada cuatro expedientes llegaron a la conclusión de que no eran menores”, ha argumentado.

“Estemos a la altura, protejamos a cada menor migrante como una promesa, combatamos el racismo”, ha exhortado a continuación el diputado de Sumar Nahuel González. La socialista Emilia Almodóvar ha tomado la palabra para defender la reforma y acusar al PP de “mercadear” con los derechos de los menores.

Podemos ya ha anunciado que presentará enmiendas a la reforma, mientas Coalición Canaria ha advertido de la conveniencia de evitar que el nuevo procedimiento demore la salida de los menores desde los territorios con mayor presión migratoria. PNV, Junts y ERC también han cuestionado los términos de la reforma.

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