El IMSERSO externalizará las valoraciones médicas para los certificados de discapacidad

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) ha decidido sacar a concurso público el servicio de valoraciones médicas para la concesión de los certificados de discapacidad. Con ello buscan reducir la lista de espera, que se congeló en julio de 2023, tras la baja por motivos de salud del facultativo, José Manuel Ávila, recientemente fallecido. Esta vía se presenta como la solución cortoplacista, que rebajará la demora de unas 1000 personas, mientras trabajan en la búsqueda del profesional que ocupará la plaza vacante.

La Delegación del Gobierno en Ceuta espera que la licitación vea la luz en las próximas semanas. Ofrecerán un contrato menor, cuyas especificaciones serán publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El equipo de valoración de la discapacidad del IMSERSO lleva un año y nueve meses sin médico. Desde entonces, tan solo cuenta con las profesionales de psicología y del trabajo social, lo que impide que puedan completarse las evaluaciones de los grados.

A lo largo de la semana que entra, la institución hará llegar a las diferentes empresas que prestan asistencia médica en Ceuta invitaciones para licitar y poder así participar en un contrato cuyos detalles concretos se harán públicos cuando sea adjudicado. Por el momento, contarán con el “apoyo puntual” de una médica de la Subdirección General de Planificación del IMSERSO, según ha confirmado a este diario el director territorial de la entidad en Ceuta, Juan José López Cabrales.

El motivo no es solo la falta de médicos, sino también el “aumento del número de solicitudes de valoración” y la implantación de un nuevo sistema de valoración “mucho más complejo que el anterior”

La profesional trabajará desde Madrid en la valoración “de casos muy urgentes que no necesiten entrevista”. Los expedientes ya han sido enviados, y desde el IMSERSO se hallan a la espera de recibir los resultados “en breve”. En una entrevista concedida a RTVCE el martes 11 de marzo, López Cabrales respondió afirmativamente a la pregunta, enunciada por la periodista Susana Hevia, sobre si era viable realizar valoraciones desde la distancia. “En muchos casos es totalmente claro -el resultado- por su expediente -sin necesidad de entrevista personal-. Metes los códigos y te sale el porcentaje”, expresó éste.

La consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzina, ha aplaudido la medida provisional de externalización del servicio, como apoyará “todo lo que pueda resolver el problema”. Pese a no ser un terreno que le competa políticamente, Benzina aprovechó que tiene “voz y voto” en la Conferencia Sectorial de Políticas Sociales para reclamar este viernes, durante su última reunión en Madrid, que se le dé solución a la demora que sufren de las personas con discapacidad para obtener sus grados. “Quería poner de manifiesto un problema que está viviendo la ciudad, que se está dilatando en el tiempo”, ha dicho a este diario.

La falta del médico

El director territorial reconoce que, cuando José Manuel Ávila solicitó la baja, en septiembre de 2024, se encontraba trabajando con expedientes datados de julio de 2023. Aquellos con necesidad de valoración médica con fecha posterior no han podido evaluarse, aunque hay alguna excepción. Asegura el mandatario que sí se ha trabajado en los correspondientes a aquellos solicitantes que no necesitaban evaluación del médico -referentes a problemas de Salud Mental, que pasan por la psicóloga y la trabajadora social-.

En el programa ‘Conecta2’ de la radio televisión pública, Cabrales se refirió al caso del señor gravemente enfermo al que concedieron un 39% de discapacidad y cuya familia saltó a la prensa local al considerarlo más que insuficiente. Según éste, debido a la gravedad de su estado, decidieron realizar su valoración a falta de la evaluación médica, tan solo con la psicológica y la de la trabajadora social.

Eran conscientes de que las personas con un grado a partir del 30% ya pueden beneficiarse de ayudas fiscales y para vivienda, movilidad, transporte y educación. Pretendían concederle un grado provisional, hasta que pudiera someterse a la valoración de médico y, con ello, aumentar el porcentaje. “Es que no había un médico para dar esa valoración, y no lo puedo hacer yo. Sería intrusismo, prevaricación. Necesitamos un médico, y cuando José Manuel se dio de baja recurrimos a SEPE, y no había ningún médico demandante de empleo en Ceuta”, reconoció López en RTVCE.

No es solo en Ceuta

El director del IMSERSO ha informado también a El Pueblo de Ceuta de que actualmente “se está renovando la discapacidad de quienes ya cuentan con su expediente con plazo de caducidad”. Éste ha querido aclarar que las demoras en las valoraciones y las concesiones de los certificados no solo afectan a Ceuta y Melilla -en esta última dependen de la misma institución-. Es una problemática extendida al “resto de los territorios”, donde las competencias están transferidas a las Comunidades Autónomas.

Los motivos, explica, no solo orbitan alrededor de la falta de médicos, sino también al “aumento del número de solicitudes de valoración” y a la implantación de un nuevo sistema de valoración “mucho más complejo que el anterior”. La modificación adoptada en virtud del Real Decreto 888/2022, según desgranó López en RTVCE el pasado martes, incrementa los baremos a considerar, con el fin de “ajustarse a las exigencias de la convención de la ONU de 2006 para personas con discapacidad.

López relató que las exigencias de este real decreto han provocado una ralentización de los procedimientos de valoración, ya que los profesionales han tenido que adaptarse a una nueva norma que sustituye la que regulaba el proceso desde 1999 (RD 1971/1999). Además, según dijo, en los últimos tiempos se ha producido un “incremento de las solicitudes”.

“Antes, era algo que la gente quería ocultar. Si no era muy visible no tenías por qué pedir una valoración. Ahora, afortunadamente, hay cultura de la discapacidad (..) Hay más gente que pide la discapacidad porque hay un sistema de ayudas que favorece la integración social”, narró.

Las consecuencias

Entre las consecuencias del retraso para las personas con algún tipo de discapacidad -física, aunque no acreditada-, está la imposibilidad de beneficiarse de prestaciones sociales y económicas, pese a que algunas son forzadas a dejar los empleos con los que solían ganarse la vida por padecer enfermedades limitantes. Además, les dificulta acceder a asociaciones de pacientes donde les ofrecen la posibilidad de recibir asistencia sanitaria y de participar en un entorno social activo.

Han sido muchas las personas que en el último año han relatado a la prensa local sus quejas tras llevar meses y hasta un año -y más de uno- esperando su valoración. Las entidades sociales han ejercido como altavoces para los afectados en numerosas ocasiones. Es el caso de la Asociación de Discapacitados de Enfermedades Neurológicas y Enfermedades Raras (ADEN), que aprovecha cada exposición pública para hacerse eco del problema. La última vez, por el Día de las Enfermedades Raras.

Su presidenta, Ana Isabel García, ha confesado a El Pueblo de Ceuta que han tenido que reinventarse para poder prestar ayuda a quienes siguen aguardando la llamada del IMSERSO. Sin certificado, en teoría, las asociaciones no pueden aceptar como usuarios a los pacientes que llaman a sus puertas. “No podemos tener a una persona un año esperando. Hemos intentando, a través de informes médicos, ofrecerles las terapias para frenar el avance de la enfermedad”, explica García.

Ésta remarcó que, en lo que respecta a las enfermedades raras, las esperas pueden ser fatales, ya que suelen ser afecciones degenerativas. A esto se suman las demoras en las consultas para la Atención Especializada del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE). En especial, para Neurología, que, como denunció recientemente el Sindicato Médico de Ceuta, se encuentra con una sola especialista, tras las bajas de sus tres compañeros.

García insiste: “Imagínate una persona que le haya dado un ICTUS y tenga que entrar -en ADEN-, pero no podamos darle la terapia que necesita porque no tiene el certificado. Les pedimos que nos traigan documentación, informes, para que puedan ser tratados”.

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