Las concesiones del puerto

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Alfredo Rodríguez

Algo pasa en el puerto con las concesiones administrativas. El puerto es como si estuviese al margen de cualquier control. Mientras en la Asamblea de Ceuta se debate, se controla y se fiscaliza todo, el recinto portuario se presenta como una cosa aparte, opaca, desconocida y alejada de los ciudadanos. De hecho tiene hasta una barrera para impedir el paso a las instalaciones que albergan a sus gestores.

Nadie sabe cómo se actualizan los valores de las concesiones, ni quién paga, quién no, ni qué procedimientos se usan para las adjudicaciones o cómo se transmiten las concesiones. Todo está en manos de unos pocos que parecen dirigidos por un poder que está al margen de cualquier control.

Sin duda las concesiones del puerto son uno de los pilares de su sistema de financiación, por eso una buena gestión, ágil y transparente de los espacios sobre los que el puerto puede otorgar facultad de uso a particulares y empresas, debe basarse en procedimientos que estén orientados al interés general, a potenciar usos y servicios que beneficien al puerto y la ciudad en general, apostando por proyectos viables impulsados por empresarios serios, responsables y de probada solvencia.

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Los obstáculos deben removerse, como dice la constitución, para que las iniciativas de los agentes económicos puedan prosperar y generar a su vez más prosperidad. Y si la dirección del puerto sólo sabe poner pegas y no buscar soluciones, sólo puede ser por dos razones: o una clamorosa incompetencia o un intento de darse más importancia de la que tiene y a saber con qué interés.

Desde las administraciones públicas, se deben aprovechar todas las sinergias que ayuden a fortalecer un tejido productivo débil y desmoralizado y no sobran las iniciativas, ni estorban por mucho trabajo que puedan generar a los gestores públicos, sino que sobran los que ocupando un cargo público ralentizan cualquier apuesta por mejorar las cosas.

Siempre se ha dicho en Ceuta que para algunos todas las puertas están abiertas, mientras que otros deben surcar un desierto de incomprensión antes de alcanzar sus objetivos, si es que no tiran antes la toalla.

¿Acaso se eligen desde las posiciones de poder a quién interesa agilizarle los trámites y a quién sólo se le ponen pegas? Modificar un uso o autorizar parcelaciones ¿puede ser más asequible para determinadas personas que para el resto?

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