Tragedia en Cerredo: cinco mineros muertos destapan los fallos de una mina bajo sospecha

El lunes por la mañana, a las 9:32, el silencio de las montañas de Degaña se rompió con un estruendo que nadie olvidará. Una explosión de gas grisú, según las primeras hipótesis, segó la vida de cinco mineros leoneses –Jorge Carro, Rubén Souto, Amadeo Bernabé, Iván Radío y David Álvarez–, todos entre 33 y 54 años, y dejó a otros cuatro compañeros luchando por sobrevivir con heridas graves. La mina de Cerredo, un nombre que hasta hace poco pasaba desapercibido, se ha convertido en el epicentro de una tragedia que sacude a Asturias y León, y que reaviva el dolor de una región marcada por la minería.

La noticia corrió como la pólvora, y con ella llegaron las primeras voces de rabia. Familiares y compañeros de las víctimas no tardaron en señalar lo que, para ellos, era una verdad a gritos: “Los tenían trabajando en una ratonera”, denunciaron entre lágrimas. Las imágenes de la capilla ardiente en Villablino, abarrotada por cientos de personas, y el funeral en Torre del Bierzo, donde se despidió al joven David Álvarez, reflejan el luto de una comunidad que no encuentra consuelo.

Pero más allá del duelo, las preguntas se acumulan. ¿Cómo pudo ocurrir esto en 2025, con toda la tecnología y normativas actuales? La respuesta parece apuntar a Blue Solving, la empresa que gestionaba la mina. Fundada en 2022 con un capital social de apenas 3.000 euros, esta sociedad recibió una inyección de 927.000 euros en subvenciones del Ministerio para la Transición Ecológica, a través del Instituto para la Transición Justa. Su misión oficial: investigar la presencia de grafito y retirar materiales de desecho. Sin embargo, un informe de 2022 de la Dirección General de Energía y Minería del Principado ya advertía de “indicios racionales de actividad extractiva no autorizada” en Cerredo, algo que la empresa no estaba habilitada para hacer.

La polémica no termina ahí. En septiembre de 2024, una inspección rutinaria afirmó que “todo estaba en regla”, según declararon la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, y la consejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz. Sin embargo, tras el accidente, expertos y sindicatos cuestionan cómo una mina supuestamente en desuso, con permisos limitados, pudo convertirse en una trampa mortal. “El grisú no avisa, pero las medidas de seguridad sí deben estar ahí”, afirmó un veterano minero a las puertas del hospital donde luchan los heridos.

La Guardia Civil y la Policía Judicial ya investigan las causas, mientras el Juzgado de Cangas del Narcea ha abierto diligencias para determinar responsabilidades. Los sindicatos UGT y CCOO exigen que el Principado se persone como acusación y piden una revisión exhaustiva de las condiciones laborales. “No puede ser que una empresa con tan poca trayectoria reciba tanto dinero y entregue tan poca seguridad”, clamaron en una concentración frente a la mina sellada.

La tragedia de Cerredo no es solo un accidente; es un espejo que refleja las heridas abiertas de la minería en España. Una industria que, aunque menguante, sigue cobrándose vidas mientras las promesas de transición justa chocan con la realidad de explotaciones al límite. La mina, ahora cerrada, guarda en su silencio los secretos de lo ocurrido. Pero para las familias de Jorge, Rubén, Amadeo, Iván y David, y para una región que llora, la justicia no puede esperar.

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