Denuncian abusos de las aseguradoras médicas con pacientes graves: “Se los quitan de encima”
SANIDAD
La defensora del paciente en España asegura que algunas compañías hacen lo posible por lograr que enfermos oncológicos terminen por recurrir a la sanidad pública debido a su alto coste
La presidenta de la asociación El Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha denunciado públicamente “abusos sistemáticos” de algunas aseguradoras médicas hacia pacientes con enfermedades graves, especialmente oncológicas, cuyos tratamientos suponen un alto coste económico para las compañías.
En declaraciones recientes, Flores ha alertado sobre la práctica habitual de algunas mutuas de negar pruebas diagnósticas esenciales como biopsias de fusión, alegando su elevado precio. “Nosotros hemos tramitado numerosas reclamaciones de pacientes a los que se les niega una prueba porque es cara. Les dicen que, si la quieren, deben pagarla de su bolsillo o recurrir a servicios todavía más privados”, lamenta.
La presidenta califica esta situación como un “engaño” y una “falsedad contractual”, ya que muchos usuarios han pagado durante años su seguro privado esperando una cobertura integral. “Haces un seguro con todas las consecuencias, y cuando realmente lo necesitas, te dejan tirado”, afirma.
Flores también señala que esta problemática no afecta solo a pacientes oncológicos, sino también a personas con patologías neurológicas o crónicas graves, y ha denunciado que muchas compañías desvían los casos más costosos a la sanidad pública. “Cuando el caso es grave o requiere un tratamiento caro, lo derivan. Al final, todo el mundo acaba en el hospital público”, añade.
La presidenta subraya que estas prácticas responden a una lógica puramente empresarial: “La sanidad privada está para ganar dinero. Cuantas más operaciones y pruebas, más facturación. Pero cuando algo no interesa económicamente, el paciente se convierte en una carga que intentan sacarse de encima”.
En uno de los casos recientes que ha llegado a su organización, una persona fue operada innecesariamente de una dolencia inexistente. “Le diagnosticaron algo que no tenía y lo operaron. Cuando se dieron cuenta, le cerraron y lo mandaron a casa. Esa operación costó 5.000 euros. El paciente se quedó con una cicatriz y sin saber qué secuelas puede tener en el futuro”, según narra Flores.
A pesar de la gravedad de estas situaciones, Flores lamenta la falta de respuesta de las autoridades sanitarias: “Antes de la pandemia, podíamos reunirnos con las administraciones autonómicas. Ahora ni eso. Incluso las visitas que hicimos al Congreso y al Senado quedaron en nada”.
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