Crisis de la salud mental Infanto-juvenil en Ceuta
Nuestra ciudad enfrenta una situación alarmante en el ámbito de la salud mental Infanto- juvenil. Actualmente, los menores que requieran atención psiquiátrica especializada se encuentran desatendidos debido a la baja laboral de la única psiquiátrica Infanto- Juvenil disponible. La falta de sustitución y la ausencia de una solución por parte del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) han dejado a las familias en una situación de incertidumbre y desamparo.
Esta situación es un derecho vulnerado desde el punto de vista sanitario, sino que también podrían constituir una violación de derechos fundamentales reconocidos por leyes nacionales e internacionales. Según la convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por nuestro país, los Estados están obligados a garantizar el derecho de los menores a recibir cuidados especiales, incluyendo servicios sanitarios adecuados para su desarrollo físico y mental. El articulo 23 de esta convención establece que los niños con necesidades especiales deben disfrutar de servicios gratuitos y accesibles, para asegurar su integración social y desarrollo individual. La falta de atención psiquiátrica en Ceuta claramente contraviene estos principios.
Las promesas incumplidas por parte del INGESA que había anunciado que la unidad de Salud mental Infanto-Juvenil estaría operativa en el primer trimestre de 2025 ubicada en el Centro de Salud Otero. Esta unidad prometía contar con un equipo multidisciplinar compuesto por un psiquiatra infantil, psicólogos especializados, enfermeros y terapeutas ocupacionales. Sin embargo, hasta ahora no se ha puesto en marcha ni se pondrá la contratación de profesionales necesarios para atender a los menores que necesitan tratamiento urgente.
La falta de atención psiquiátrica tiene consecuencias graves para los menores afectados. Sin revisiones ni tratamientos adecuados, muchos niños corren el riesgo de sufrir retrocesos significativos en su salud mental. Las familias se ven obligadas a mendigar información o resignarse ante la falta de soluciones concretas. Esta situación no debería depender exclusivamente de una sola profesional como es el caso: es responsabilidad del sistema sanitario garantizar la continuidad del servicio.
Mientras tanto, los niños y adolescentes siguen siendo victimas del abandona institucional, esta inacción solo perpetua el sufrimiento de las familias afectadas, sino que también contradice compromisos internacionales asumidos por España. Según un informe anual del Sistema Nacional de Salud, aproximadamente el 60% de los centros públicos en nuestro país ofrecen servicios de salud mental, mientras que en Ceuta esta proporción es menor. Nuestro país es uno de los países europeos con mayor prevalencia de problemas de salud mental en niños y adolescentes con un aumento de un 47% tras la pandemia. Ciudades como Valencia han respondido a esta crisis con iniciativas como la incorporación de psicólogos escolares en los centros educativos mientas nuestra urbe sigue sin implantar soluciones similares. Esta situación exige una respuesta inmediata para garantizar que los menores de Ceuta reciban el mismo nivel de atención que en otras regiones del país.
