Ceuta respira aliviada: la reforma de la Ley de Extranjería sale adelante

Ha pasado año y medio de debates, desencuentros entre grupos políticos, polémicas y decenas de llamadas de auxilio por parte de Ceuta y Canarias hasta que este jueves el tema quedó zanjado: el Congreso de los Diputados dio luz verde a la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para obligar a las comunidades autónomas a acoger a menores migrantes cuando cualquier región del país esté sobreocupada, como es el caso de la ciudad autónoma y el archipiélago. El voto de Junts Per Cat fue decisivo para sacar adelante la modificación de la norma.

La noticia alivia al Gobierno de Ceuta, asfixiado sobre todo desde el pasado verano, cuando entraron solo en agosto más de 300 niños solos extranjeros que automáticamente pasaron a tutelar. En aquella época y con la presión aumentando empezó a florecer un movimiento en redes sociales denominado ‘haraga’ que alentaba a los jóvenes de Marruecos a cruzar la frontera jugándose la vida, asunto que encendió las alarmas del Ejecutivo local. Tras la actuación del país vecino y varias detenciones de instigadores la intensidad bajó, pero el goteo de accesos a nado de menores migrantes no ha cesado hasta la fecha y la administración atiende a más de 400 chavales teniendo una capacidad para 132.

El Real Decreto Ley que se convalidó este jueves en el Congreso de los Diputados soluciona de manera estructural el problema que enfrentan lugares como Ceuta, Melilla y Canarias, ciudades fronterizas o, en caso del archipiélago, una de las principales rutas migratorias de personas que huyen del continente africano.

En base a unos determinados criterios que se desarrollarán en la próxima Conferencia Sectorial de Infancia -que se celebrará el 28 de abril-, las comunidades menos colapsadas deberán acoger a los niños extranjeros cuando la sobreocupación afecte a cualquier región de España. Esa “solución estructural” era precisamente lo que Ceuta con su presidente al frente, Juan Vivas, ha estado pidiendo con insistencia durante el último año ante la posibilidad de un reparto extraordinario que aliviaría, pero no arreglaría el problema de fondo. Con las arcas del Gobierno local al límite, la noticia llega en un momento clave para enfrentar lo que queda de año con la certeza de que el ayuntamiento no se quedará solo. La primera reubicación que se hará efectiva en verano será la de 4.400 menores de los que 4.000 partirán desde Canarias y 400 desde la ciudad autónoma.

“En los últimos tres años el número de niños que llegan se ha incrementado en un 221,4%. Los perfiles han ido cambiando. Ahora vienen más mujeres y más menores que hace 20 o 30 años”, expuso el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres durante su intervención en el Congreso de los Diputados. La situación, continuó, exige una “respuesta de Estado y de las formaciones políticas”.

Se remontó Torres a 2023 y citó el acuerdo entre PP, PSOE y Coalición Canaria para hacer frente a la crisis humanitaria relacionada con los menores migrantes. “Si el presidente hubiera sido Alberto Núñez Feijóo hubiese tenido que cumplir lo que firmó. El presidente Pedro Sánchez cumple lo que firma y demuestra su compromiso”, sostuvo para posteriormente pedir el voto favorable del Partido Popular.

“El camino no ha sido fácil. Ha sido largo y tortuoso. Se han celebrado muchas sesiones -de la Comisión Interministerial de Inmigración- en este tiempo para llegar a este acuerdo para establecer los mecanismos administrativos”, subrayó.

Puntualizó Torres durante su exposición que este Real Decreto Ley que se convalida es una mejor opción que la Proposición de Ley que se llevó al Congreso en julio y que no salió adelante. En aquel momento solo se hacía mención a Ceuta, Canarias y Melilla, pero este jueves lo que salió adelante engloba a cualquier comunidad autónoma que se encuentre en una situación de contingencia. Cuando la ocupación máxima de cualquier región se triplique, los territorios deberán comunicarlo al Gobierno para que active la nueva normativa. “Sin privilegios, sin señalamientos”, matizó el ministro de Política Territorial.

Torres concluyó su intervención citando al arzobispo José Cobo: “Los migrantes no son un problema, son una oportunidad”, e insistió en que es necesario invertir en el futuro de estos menores solos no acompañados que llegan a España. “Seguiremos trabajando sin descanso. Esos niños vienen a aprender, jugar, crecer seguros…quieren vivir en paz”.

El PP votó en contra

A pesar de gobernar en Ceuta y cogobernar en Canarias, el Partido Popular votó en contra del Real Decreto Ley. La encargada de exponer la posición de la formación azul fue la diputada Ana Alós López, que admitió la crisis migratoria que azota a España, pero que definió de “parche que se limita a repartir el problema” la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería.

“El objetivo nunca ha sido solucionar el problema, sino utilizar de forma partidista esta crisis. Nunca han estado interesados en llegar a acuerdos con el PP”, afirmó. La diputada mencionó el acuerdo al que llegó Feijóo con el presidente canario, Fernando Clavijo, el pasado mes de septiembre, cuando se selló un pacto a través de un documento de nueve puntos.

Entre las exigencias que desgranaron los populares se encontraba que el Gobierno se hiciera cargo de la financiación cuando la sobreocupación de menores superaba en cualquier territorio el 100% y, además, de la gestión cuando llegara esa cifra al 150%. Pedía también no excluir a ninguna comunidad autónoma del reparto, pedir ayuda a la Unión Europea y aumentar el control en las fronteras, entre otras cosas.

“Han preferido aprobar este Real Decreto Ley cediendo al chantaje de los independentistas, cediéndoles las competencias en inmigracion y dejando fuera del reparto a Cataluña. Este Real Decreto va contra los principios a los que llegamos con Canarias”, expresó Alós, que recriminó al Gobierno que esté dispuesto a enviar más niños solos a Melilla que al territorio catalán.

La diputada popular, que tachó de “fracaso” la política migratoria del Ejecutivo Central, insistió en que la solidaridad debe ir acompañada de recursos suficientes por parte del Estado. “No hay política migratoria más inhumana que la que no existe. Los menores que mueren en el mar no se pueden repartir”, zanjó.

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