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España y Reino Unido continúan perserverando en la negociación de los aspectos prácticos y políticos que presiden sus relaciones en lo que concierne directamente a Gibraltar, un territorio significativamente afectado por el Brexit. El encaje del Peñón en su entorno se ha hecho más problemático desde que los británicos votaran mayoritariamente en 2016 que su país abandonara la Unión Europea.
Las conversaciones entre las autoridades españolas y británicas se han convertido en el marco en el que acuñar un concepto de contornos imprecisos que España utiliza para subrayar la necesidad de facilitar las relaciones de Gibraltar y su campo: el de área de prosperidad compartida.
La idea ha cuajado como tópico en las negociaciones hispano-británicas sobre Gibraltar, pero también ha acabado siendo aplicado más tarde, en distintas coyunturas, a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
El vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma de Melilla, Miguel Marín, confesaba la pasada semana sentirse cercano a la idea de incorporar a ceutíes y melillenses a esa área de prosperidad compartida que se pretende para el Campo de Gibraltar y el Peñón. “De lo que se trata es de que territorios que está colindantes se beneficien de su actividad económica”, razonó el representante del Gobierno melillense.
En enero pasado, un artículo publicado por un colaborador del Instituto Elcano defendió que las negociaciones para la regulación estable de las relaciones de Gibraltar con España y la UE deberían incorporar a representantes de las dos ciudades autonómas.
El autor del artículo sostenía que Ceuta y Melilla podían verse afectadas, de manera directa o indirecta, por la creación de esa área de prosperidad compartida campogibraltareña. Además, mantenía que, en un futuro, el modelo que acabara fraguándose para Gibraltar podría ser utilizado como referencia para el establecimiento de una relación homóloga entre las dos ciudades españolas en el norte de África y Marruecos.
La propuesta que el Gobierno español planteó en su día al Reino Unido en sus negociaciones sobre el Peñón incluía, además de disposiciones para facilitar el tránsito de personas a través de la frontera, la protección y mejora de los derechos de los trabajadores y de los beneficiarios de prestaciones sociales en Gibraltar. La intención era también la de garantizar la libertad de movimiento de bienes entre la UE y el Peñón.
De Gibraltar a Marruecos
La idea de exportar el concepto de área de prosperidad compartida a Ceuta no es nueva. Ya en junio de 2021, en plena crisis diplomática con Marruecos, el secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González Barba, propuso la posibilidad de implantar entre Tetuán y Ceuta un modelo como el propugnado para el Campo de Gibraltar.
El impulso de este acuerdo en favor del desarrollo económico conjunto a ambos lados de la frontera fue entonces apreciado por el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, aunque con matices. Vivas valoró el proyecto, pero insistió en que, de concretarse, solo podría tener un carácter complementario. “Lo que Ceuta necesita es un proyecto de futuro basado en más España y más Europa que dé seguridad y proporcione a Ceuta niveles de prosperidad equiparables a los del resto de España”, reclamó el presidente ceutí.
Apenas dos años más tarde, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares volvería a recuperar la idea de zona de prosperidad compartida, pero en otro contexto. En febrero de 2023 y en plena controversia en torno a la demora en la apertura de las anunciadas aduanas comerciales de Ceuta y Melilla, Albares rescataba el concepto durante una intervención ante la Comisión de Exteriores del Senado.
El ministro justificó entonces la apertura de las aduanas con una apelación a la misma idea: “El objetivo es generar una zona de prosperidad compartida a través de un flujo legal y controlado de bienes a ambos lados de la frontera”.
De momento, y transcurridos poco más de dos meses desde la entrada en funcionamiento de las aduanas, los magros resultados cosechados están lejos de avalar las pretensiones del ministro.
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