Ceuta no puede esperar más

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Otra vez, la política nacional convierte a Ceuta en una nota a pie de página. Mientras las comunidades autónomas del PP se enzarzan en batallas jurídicas contra el Real Decreto Ley que obliga a la solidaridad con los menores extranjeros no acompañados, nuestra ciudad sigue desbordada, gestionando una realidad que no es coyuntural, sino estructural. Aquí no se trata de ideologías, ni de quién tiene la competencia más grande. Se trata de humanidad, de responsabilidad compartida y de atender a una ciudad fronteriza que lleva años aguantando sola el envite.

Es comprensible que los territorios reclamen financiación suficiente y seguridad jurídica. Lo que no es de recibo es que, en nombre de esa defensa competencial, se deje en pausa la solución a un problema que es tan nacional como europeo. Porque sí, señores, Ceuta es España, aunque a veces algunos lo olviden. Y si la ley dice que hay que repartir los esfuerzos, lo lógico es cumplirla mientras se litiga, no paralizarla con recursos que pueden tardar años en resolverse.

El Gobierno de Ceuta ha sido claro y valiente. Ha dicho que la norma debe cumplirse. Punto. Y lo ha hecho a pesar de estar gobernado por el mismo partido que en otros territorios amenaza con ir al Constitucional. Esa coherencia, esa defensa sin titubeos del interés general de los ceutíes, merece más respaldo del que está recibiendo por parte de quienes, desde la bancada azul, dicen representarnos en Madrid.

¿Y los 100 millones? Bienvenidos sean, pero no nos dejemos engañar: no bastan. Ceuta necesita un compromiso firme, sostenido y verificable. Ni promesas huecas ni planes a medias. Porque cada menor que hoy duerme en un recurso saturado es una responsabilidad compartida, y cada día de inacción es un lastre para el futuro de esta ciudad.

En resumen: la política de gestos y recursos judiciales puede esperar. Los menores que viven en Ceuta, no.

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