La plantilla de Brigadas Verdes contempla su futuro con inquietud

La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV) anunciaba esta semana su decisión de abandonar la gestión de las Brigadas Verdes el próximo junio. La resolución adoptada por la entidad vecinal ha causado inquietud entre los 117 trabajadores de un servicio con años de historia. “Es una situación de la que tenemos que hablar con la plantilla: nos preocupa, pero hemos de pensar todavía qué hacer”, confesaba a El Pueblo el presidente del comité de empresa de las Brigadas Mustafa Mohamed, a quien la difusión del comunicado de prensa en el que la directiva de FPAV revelaba sus intenciones sorprendió fuera de la ciudad atendiendo quehaceres sindicales.

Brigadas Verdes nació en 2007 a través de un convenio entre la Ciudad y la Federación vecinal y como apoyo a los servicios municipales de limpieza y mantenimiento de espacios públicos. Su trayectoria de casi dos décadas vivía en 2024 un momento decisivo para su futuro. Las negociaciones abiertas entre los representantes sindicales y el Gobierno local concluyeron el pasado año con un acuerdo por el cual la Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos aceptaba la integración de la plantilla del servicio en la estructura de la Ciudad. El pacto se había alcanzado. Quedaba por ver cómo ejecutarlo.

La decisión de la FPAV de renunciar a la gestión de las Brigadas Verdes abre un tiempo de incertidumbre que los trabajadores perciben como una amenaza.

A la espera de la decisión que finalmente adoptarán, los 117 empleados del servicio se mantienen firmes en su demanda de convertirse en personal vinculado directamente a la Consejería.

La junta directiva de FPAV no ha hecho sino precipitar un proceso que, según lo acordado con la Ciudad, debería haberse cerrado a comienzos de este mismo año. La intención era que la entidad vecinal continuase con la gestión de las Brigadas Verdes hasta el momento en el que el Gobierno municipal cerrase la integración de la plantilla. Pero lo cierto es que, la Ciudad todavía continúa sopesando cuál puede ser la fórmula más idónea para este cambio de estatus laboral.

Sostenimiento económico del servicio

Los dirigentes vecinales habían advertido de que los 3,5 millones de euros que la Ciudad aporta a la financiación del servicio podrían no ser suficientes para sufragar los costes del funcionamiento de las Brigadas si la incorporación de la plantilla a la estructura municipal continuaba demorándose. Este ha sido, precisamente, uno de los argumentos que ahora han utilizado para justificar su decisión de renunciar a la gestión.

También era este el temor de los trabajadores, ya expresado por el presidente de su comité hace algo más de tres meses. Mustafa Mohamed advertía entonces que el retraso en el proceso podría llegar, incluso, a comprometer el pago de los salarios a la plantilla, un desembolso que estimaba en 3,7 millones de euros para el año completo, es decir, 200.000 más de lo que la Ciudad ha transferido a FPAV.

Según argumentan ahora los directivos vecinales, la adscripción de la plantilla al convenio de jardinería, uno de los requisitos establecidos como previos a la incorporación de los trabajadores a la Consejería, ha venido a incrementar el gasto que supone el servicio.

El debate continúa abierto en torno a la fórmula definitiva que la Ciudad adoptará para cumplir su compromiso con los trabajadores. El comité de empresa ha reiterado en numerosas ocasiones su aspiración a que la plantilla acabe por incorporarse a la empresa municipal de limpieza Servilimpce, una posibilidad que el Gobierno municipal ha descartado absolutamente cada vez que ha sido preguntado.

La intención de la Consejería es la de integrar a los trabajadores de Brigadas Verdes en una de las sociedades municipales existentes. Las autoridades municipales también han advertido de que no tienen ninguna intención de constituir una nueva empresa pública para acoger a la plantilla del servicio.

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