La Ciudad Autónoma se juega una indemnización por el crimen de Parques de Ceuta

Además de los más de 40 años de prisión que la acusación particular solicita para Alonso G. por supuestamente haber asesinado a su mujer -María de los Ángeles L.- en el conocido como crimen de Parques de Ceuta, la Ciudad Autónoma se juega una indemnización en concepto de responsabilidad civil en tanto en cuanto el varón sentado en el banquillo es policía local y ninguna de las partes en liza considera que se realizaron los controles suficientes para evitar que el agente disparase su arma reglamentaria contra su esposa en 2022.

Hasta aproximadamente las 21:55 de este miércoles, el papel del abogado de la Ciudad Autónoma Luis Ragel ha sido más bien discreto en esta vista que se ha prolongado desde el lunes 21 de abril. Sentado entre la abogada defensora, Inmaculada Guil, y el letrado de la acusación particular, Javier Cabillas, Ragel ha optado por no hacer muchas preguntas a la gran cantidad de testigos y peritos que han desfilado por la sala de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta. No obstante, en la noche del 30 de abril le tocó defender su postura en una intervención que no duró más de 10 minutos.

Su informe de conclusiones, dirigido al jurado popular, puede resumirse en las primeras palabras de su alegato: “La Ciudad hizo lo que debía para el control de su funcionario”. Para argumentar esta tesis se basó principalmente en cinco declaraciones de sendos testigos que han departido estos días en el Ceuta Center: dos médicos especialistas en Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento -que firmaron informes declarando “apto” al acusado para el ejercicio de su profesión y para el uso del arma-, una doctora que en Urgencias del Hospital Universitario le hizo un reconocimiento a Alonso horas después del crimen, la psiquiatra habitual del agente en Algeciras (Cádiz) y el instructor de tiro de la Policía Local ceutí.

Ragel recapituló varias de las informaciones que le afectaban para argumentar el correcto procedimiento de la Ciudad en este caso. Por ejemplo, destacó que uno de los médicos de Prevención de Riesgos Laborales “no detectó nada” en cuanto a posibles problemas de salud mental del acusado, a pesar de que los referidos informes fueron elaborados en base a diversos cuestionarios que los agentes rellenan unilateralmente y en los que pueden mentir.

En la misma línea, recordó que la doctora de Urgencias vio a Alonso “orientado y completamente normal” en el supuesto día de “mayor énfasis de su enfermedad”, lo que descarta para Ragel un trastorno psíquico que la Ciudad debiera haber advertido. Sobre los dos últimos testigos-peritos mencionados, el letrado insistió en que la psiquiatra había manifestado que el acusado le mintió en su profesión y su nombre durante casi 20 años, lo que refuerza la imposibilidad de la Ciudad de haber detectado sus patologías, mientras que el instructor de tiro comentó que el agente era “además de buen tirador, un buen operador” que cuidaba su arma diligentemente.

Lo cierto es que, gracias a la intervención del superintendente de la Policía Local, Sebastián Vega, este diario conoció que a Alonso le fue retirada su pistola reglamentaria dos veces en momentos de estrés (en 2001 y en 2007) y que no se le realizaron más exámenes desde 2019. Todas las partes han criticado la falta de control interno a los policías locales en Ceuta, y la abogada de la defensa reveló que las cantidades en concepto de responsabilidad civil en juego “rondan el millón de euros”.

Hay posibilidades de que parte de esta indemnización la asuma la Ciudad Autónoma si el jurado, que se conforma este viernes a las 10:30, emite un veredicto desfavorable para los intereses de Ragel y no considere que “la Ciudad no tuvo conocimiento de las patologías del acusado y además no pudo hacer nada”, como defiende el letrado.

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