Ceuta afronta con máxima atención la sectorial de Infancia que debe aprobar la redistribución de menores migrantes

Las comunidades autónomas se reunirán este lunes con el Ministerio de Juventud e Infancia en una nueva convocatoria de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para debatir y, previsiblemente, aprobar los términos de la reubicación de menores migrantes no acompañados procedentes de zonas tensionadas como Ceuta y Canarias hacia otras regiones del país.

La cita, que se celebrará a las 16:00 horas en la sede del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, fue inicialmente prevista para el pasado lunes 28 de abril, pero tuvo que suspenderse a última hora a causa del apagón eléctrico que afectó a todo el territorio nacional.

Presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, la reunión tiene como objetivo sacar adelante un acuerdo que contemple distintos puntos recogidos en el real decreto ley aprobado por el Gobierno y convalidado por el Congreso de los Diputados el pasado 10 de abril.

Entre los aspectos clave de la propuesta figura la aplicación del nuevo mecanismo de redistribución de menores extranjeros no acompañados, que supondrá el traslado de unos 4.400 chicos en el primer año, de los cuales 4.000 procederán de Canarias y 400 de Ceuta, a partir del verano.

Actualmente, el Gobierno de Ceuta tutela a 435 menores extranjeros no acompañados, lo que representa una sobreocupación del 400 %, según los datos aportados por la propia Ciudad Autónoma. Una cifra que refleja la presión que soportan los recursos de atención en la ciudad norteafricana.

La migración infantil se ha convertido en un fenómeno estructural para Ceuta, lo que convierte encuentros como la sectorial de este lunes en espacios fundamentales para una gestión más justa y eficaz del fenómeno, según fuentes del Ejecutivo local.

El nuevo real decreto ley otorga a la Conferencia Sectorial la capacidad de modificar varios de sus aspectos si existe unanimidad entre las comunidades, un escenario improbable debido a la oposición de varias regiones, especialmente aquellas gobernadas por el Partido Popular.

La Comunidad de Madrid y Aragón han impugnado ante el Tribunal Constitucional el contenido del decreto. Esta última también ha recurrido judicialmente la petición de datos por parte del Ejecutivo central sobre el número de menores acogidos por cada región y la convocatoria de la propia sectorial.

No obstante, el texto legal especifica que, en ausencia de acuerdo unánime en sentido contrario, el Gobierno seguirá adelante con el mecanismo tal y como fue aprobado y convalidado, lo que abre la puerta a su aplicación sin el consenso total de las comunidades.

El modelo establece por primera vez una "capacidad ordinaria" de acogida basada en la población de cada comunidad autónoma, lo que genera resistencias entre algunas regiones. Aragón, por ejemplo, no ha facilitado los datos requeridos, mientras que Madrid ha remitido información incompleta, por lo que el Ejecutivo trabaja con estimaciones propias.

En la reunión de este lunes, el Gobierno no presentará un listado concreto con el número de menores que correspondería acoger a cada comunidad de los aproximadamente 4.400 previstos. Considera que los criterios de distribución podrían ser modificados durante el propio debate.

Uno de los elementos más relevantes del documento es que una comunidad podrá solicitar la declaración de "contingencia migratoria" si su nivel de ocupación supera el triple de su capacidad ordinaria. En ese caso, los menores localizados serán inscritos en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados del Ministerio del Interior.

A partir de esa inscripción, y siempre que se escuche al menor afectado y a la comunidad de destino, se procederá a su traslado en un plazo máximo de 15 días, según los criterios establecidos y con comunicación al Ministerio Fiscal.

Dichos criterios de reparto incluyen factores como la población (50 %), la renta per cápita (13 %), la tasa de paro (15 %), el esfuerzo de acogida (6 %), la capacidad del sistema de protección (10 %), la dispersión poblacional (2 %) y las singularidades de ciudad fronteriza (2 %) e insularidad (2 %).

Finalmente, el plan contempla una prórroga de la capacidad ordinaria del sistema durante un año adicional, mediante real decreto y previo informe de la Conferencia Sectorial. Pasado ese periodo, se exigirá el consenso unánime o una mayoría absoluta del Congreso para continuar con la aplicación del modelo.

El texto advierte, además, que si tras ese primer año de prórroga no hay acuerdo en la Sectorial, las resoluciones del Estado dejarán de ser de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas.

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