Cuando la empresa ve al sector público como un adversario

Las quejas de los empresarios ceutíes por el uso que la Ciudad hace de sociedades públicas no son nuevas. La patronal no deja de insistir en la competencia que entraña asignar contratos públicos a medios propios de la Administración local, particularmente a Tragsa.

La tesis de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) queda detallada en su boletín “CECE informa”, la publicación con la que cada trimestre da cuenta de la evolución de la economía ceutí. La encomienda de contratos por la Ciudad a Tragsa constituye para la patronal un ataque a las empresas por lo que supone de limitación a su actividad. Pero CECE va más allá. Los empresarios consideran una agresión de similar naturaleza la municipalización de servicios públicos, proceso que en los últimos tiempos ha alcanzado en Ceuta al transporte urbano y a la limpieza viaria.

“La tendencia de la Administración local a emplear medios propios, a contratar directamente con el Grupo Tragsa, en lugar de licitar abiertamente para el sector privado o, simplemente, municipalizar servicios que podrían ser realizados por el sector privado, reduce la actividad económica y limita las oportunidades para las empresas locales”, sostiene la organización empresarial en su último boletín, dado a conocer este fin de semana.

CECE considera que esta situación hace que las empresas soporten un “coste de oportunidad” que no se daría si la Ciudad sacaran estos contratos a licitación pública.

Los empresarios argumentan su reproche recurriendo a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictada el año pasado que anulaba un encargo a Tragsa por falta de justificación de la urgencia y la eficiencia de la adjudicación.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha trasladado al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa lo que CECE califica como “la problemática del uso de medios propios en Ceuta”. Esta comunicación se ha hecho en el marco de la iniciativa “Régimen 20”, impulsada por el propio Ministerio, que busca elaborar un diagnóstico para identificar fallos de coordinación entre administraciones y de proporcionalidad en la normativa aplicable en los distintos sectores económicos.

Solo casos excepcionales

La CECE reclama que las administraciones públicas limiten el uso de Tragsa y otros medios propios solo a casos excepcionales y siempre y cuando se justifique la excepcionalidad y la urgencia. A finales del pasado enero, la organización empresarial remitió al consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez, un escrito por el que solicitaba explicaciones acerca de un contrato de más de 3 millones de euros asignado a Tragsa para la prestación de un “servicio de adecentamiento de la ciudad”.

En su escrito, CECE preguntaba a Ramírez por qué no se había contemplado la licitación pública de este servicio en tiempo y forma. Además, sugería que, dada la naturaleza de la prestación, el servicio podría haber sido ejecutado directamente por sociedades municipales como Obimace o Servilimpce. Así, planteaba, se habría evitado un sobrecoste a las arcas municipales y, gracias a ello, se podría haber dispuesto de fondos para apoyar la actividad de la empresa privada.

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