El Gobierno da de plazo hasta fin de año para la jornada de 37 horas y media en todas las empresas

Esta ampliación del margen temporal para implementar la reducción horaria, que deberá realizarse mediante negociación con los representantes de los trabajadores, es uno de los cambios clave del proyecto de ley al que ha tenido acceso elDiario.es. Inicialmente, se contemplaba un plazo más limitado y vinculado a la existencia de convenios.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado la aprobación como un día de "máxima importancia" y un avance hacia una "España que va a ser mejor". La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, también ha celebrado la medida, destacando su impacto positivo en el tejido productivo, las empresas y los trabajadores, en un contexto de cifras récord de empleo.

El Gobierno estima que la nueva jornada máxima beneficiará a alrededor de 12,5 millones de trabajadores, casi el 70% del total de asalariados en el país. Por territorios, Catalunya, Madrid y Andalucía son las comunidades autónomas con mayor número de trabajadores afectados.

La reducción de la jornada no solo implica trabajar menos horas, sino que también podría traducirse en un aumento del salario por hora trabajada. Para los contratos a tiempo parcial, se abre la posibilidad de mantener el horario cobrando más.

Pese al anuncio de Junts de presentar una enmienda a la totalidad, Yolanda Díaz se ha mostrado abierta a negociar el contenido de la ley en el Congreso, estableciendo como única "línea roja" la reducción de la jornada. La vicepresidenta ha instado al PP y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, a posicionarse sobre esta medida, recordando su oposición a la reforma laboral.

Negociación con los trabajadores y refuerzo del control horario

El proyecto de ley establece que las empresas deberán negociar con los comités de empresa, los representantes de los trabajadores o una comisión negociadora específica las adaptaciones necesarias para cumplir con la nueva jornada máxima antes de que finalice el año.

Otra novedad relevante es la obligatoriedad del registro horario digital para todas las empresas, poniendo fin a los fichajes en papel. Este registro deberá garantizar "objetividad, fiabilidad y accesibilidad", identificando inequívocamente al trabajador y sus modificaciones horarias. Además, deberá ser accesible de forma remota para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para los representantes de los trabajadores, facilitando la vigilancia y la lucha contra las irregularidades horarias.

La ley también endurece las sanciones por incumplir el control horario, individualizando las multas por cada trabajador afectado en lugar de por empresa. Además, se aumentan las cuantías de las multas por infracciones graves relacionadas con el tiempo de trabajo, que podrán alcanzar los 10.000 euros. Se crean también nuevos tipos de infracciones graves y muy graves por abusos horarios que impliquen un riesgo para la salud.

Finalmente, la ley concreta el derecho a la desconexión digital, estableciendo la ausencia de solicitudes de trabajo y comunicaciones fuera del horario laboral como un derecho "irrenunciable".

El camino de esta ley en el Congreso se prevé complejo, pero su aprobación supondría un cambio histórico en el mercado laboral español, marcando el fin de la jornada de 40 horas y avanzando hacia una nueva realidad laboral.

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